Las explicaciones que ha dado el Gobernador Regional Ricardo Díaz defendiendo el convenio por $629 millones de pesos entre el GORE y la Fundación ProCultura para el programa de «Recuperación de fachadas zona de conservación histórica» no logró convencer al equipo jurídico de la UDI, el cual interpuso una querella por el delito de malversación de fondos públicos en contra de quienes resulten responsables por el denominado «Caso fachadas».
Recordemos que el gremialismo a nivel nacional armó un equipo de abogados para colaborar con la investigación del «Caso Convenios», dentro de lo cual se ajusta esta acción judicial.
En este caso, la querella fue interpuesta en el Juzgado de Garantía de Antofagasta y la materializó el abogado integrante de ese grupo, el UDI Pablo Toloza, quien asegura que existen una serie de hechos que podrían constituir delitos, adelantando además que pedirá se cite a declarar al entonces Subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) y actual Jefe de Asesores de La Moneda Miguel Crispi.
- ¿Qué le parecen los argumentos planteados días atrás por el Gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz defendiendo el convenio con la Fundación ProCultura?
Creo que la explicación que da el gobernador no apunta al problema porque hay 3 situaciones que pueden constituir delitos y para nosotros a lo menos son sospechosos. En primer lugar, y esto lo mencionó el Fiscal Nacional Ángel Valencia en una serie de entrevistas, quien planteó que pese a que un convenio cumpla con todos los requisitos formales, igual puede ser constitutivo de delito.
- ¿Cuáles serían esos hechos que les generan dudas?
Hay una situación respecto de los montos pues pese a que el convenio sea para una materia específica, tiene que tener un correlato del valor; es decir, por ejemplo, no porque un convenio establezca que voy a comprar un lápiz, que esté de acuerdo a la normativa, ese lápiz cueste 10 millones de pesos, porque todos sabemos que un lápiz no cuesta 10 millones de pesos.
Si bien el convenio pudiese cumplir con todos los requisitos y normativa, hay una dicotomía entre lo que presta el servicio y lo que cuesta. En el caso del convenio de fachadas pareciera que efectivamente estamos hablando de montos muy superiores a mercado.
El fallo de Rojo y la declaración de Miguel Crispi
Pablo Toloza también asegura que el fallo que condenó a la alcaldesa Karen Rojo marcó un rumbo respecto a convenios como el suscrito entre el GORE y Procultura.
«Ese fallo establece que si bien se probó que se prestó el servicio, aquí hay un tema que es el valor del mismo y la utilidad del mismo. Es decir, no se puede contratar cualquier cosa para hacer cualquier cosa pues estamos hablando de fondos públicos por lo que tiene que haber un beneficio real para la comunidad».
- ¿Tienen ya pensado a quién llamarán a declarar?
Se está solicitando en la querella que declare Miguel Crispi en dos calidades: una porque fue el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) que visó que se pudiese contratar a esta fundación y -además- porque él en su calidad de Subdere sabía perfectamente para qué era el convenio.
- A qué se refiere con el objeto del convenio?
Ocurre que este convenio con ProCultura, de acuerdo a la información que se tiene, se enmarca dentro del programa de Puesta en Valor del Patrimonio que nace cuando declaran Patrimonio de la Humanidad a Valparaíso. Entonces, el objetivo es recuperar ciertos bienes inmuebles como en su momento fue el programa que se utilizó para la habilitación de la Biblioteca Regional de Antofagasta donde es evidente que el costo va de la mano del beneficio que llega a toda la comunidad.
Llama poderosamente la atención que siendo un programa de Puesta en Valor del Patrimonio, aquí estemos hablando de generación de empleo, capacitación, y donde la mayoría de los empleados que se contrata son trabajadores de la fundación. Tampoco hay mucha claridad de las capacitaciones, a quién va dirigida y su objetivo, pues si estamos hablando del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio que tenía ese objetivo, no es lícito haber ocupado este programa.
- ¿Existe algún otro reparo respecto a los montos del programa de restauración de fachadas?
Sí. Llama la atención la utilidad del 12%, equivalente a 63 millones de pesos. Si bien es cierto que las fundaciones pueden recibir utilidades para reinvertirla dentro del año, no parece lógico que con fondos estatales se esté financiando a una fundación (…) Además, la mayoría de los programa de los gobierno regionales no permite la compra de vehículos, bienes inmuebles, etc, entonces, ¿en qué van a reinvertir ese dinero?.
El gobernador regional ha señalado que efectivamente las fundaciones pueden recibir utilidades siempre y cuando sean reinvertidas, pero no se ha explicado primero el porcentaje, que es alto (12%) y segundo, no se ha explicado porqué se le está entregando con fondos públicos utilidades a una fundación privada cuando por ese monto (63 millones de pesos) se podrían pintar 3 o 4 edificios más. Estas son situaciones que deben ser aclaradas.
- ¿Cuando usted era Intendente se acostumbraba que se presentara a los Consejeros Regionales un proyecto donde el título de este no era en realidad el espíritu del mismo? Lo pregunto pues el Gobernador Ricardo Díaz plantea ahora que el Programa de Restauración de Fachadas tenía en realidad su foco en la empleabilidad.
Por lo menos que yo recuerde en mi época de Intendente eso no ocurría. Cuando el proyecto era para algo se señalaba derechamente para qué era. Cuando el proyecto era para «A», es para «A», pues aquí estamos hablando de recursos públicos. Por eso hay muchos cores que acusan desconocimiento respecto a que este proyecto venía amarrado a capacitación y empleo.
- El gobernador Díaz también defiende que el convenio con ProCultura tuvo toma de razón de Contraloría.
La verdad es que estamos hablando de planos distintos. La Contraloría Regional lo que revisa son actos administrativos; es decir, si cumplía con los requisitos de firma, fecha; es decir, ve lo que es netamente administrativo. El ente que debe conocer si hay delito no es Contraloría, es específicamente el Ministerio Público.
