La decisión del presidente Gabriel Boric de indultar a 12 personas que fueron condenadas en el contexto del estallido social, dos de ellas en Antofagasta, tuvo reacciones sin una doble lectura entre parlamentarios de la región, quienes apuntaron a que la medida fue el cumplimiento de una promesa de campaña y otros criticaron que se trató de un error que el mandatario debe enmendar.
El último viernes del 2022 el jefe de Estado informó que indultaba a un grupo condenado por delitos ocurridos entre fines del 2019 y principios del 2020, en el marco de la crisis democrática que vivió el país. En la zona, los beneficiados fueron Bastián Ignacio Campos Gaete (22) y Sebastián Emmanuel Montenegro Coo (25), quienes contaron con el apoyo de la agrupación de las Madres de la Plaza Colón que realizó diversas gestiones para difundir sus casos.
La diputada oficialista Catalina Pérez (RD) manifestó que los indultos fueron un compromiso conocido del presidente con las familias, lo que permitirá avanzar en justicia, reconciliación y paz social luego de los procesos dolorosos que enfrentó el país. “Es importante destacar que esta medida corresponde a una atribución constitucional que ha sido utilizada por todos los presidentes, superando en número de indultos a los del Presidente Boric. Valoro esta decisión valiente y a la altura de nuestro presidente”, dijo la diputada.
La parlamentaria insistió que con la aplicación de esta medida el mandatario no está pasando a llevar a ningún poder del Estado y que solo está haciendo uso de una facultad constitucional utilizada desde el retorno a la democracia.
En la misma línea declaró el senador Pedro Araya (IND-PPD), quien destacó que estamos frente a una facultad presidencial. “Creo en la institución del indulto porque al final del día es la llave que tiene el presidente para terminar ciertas situaciones que han sido motivo de conflicto en la sociedad en su momento. Dicho lo anterior, estoy de acuerdo (con la aplicación) y cosa distinta es que se podrá cuestionar decisiones en determinado momento”, aseguró.
Araya enfatizó que la determinación de Boric no debería llamar la atención a nadie porque todos sabían que era una promesa de campaña que apunta a la búsqueda de una solución con los denominados presos de la revuelta. “Para las Madres de la Plaza Colón, con quienes me reuní en innumerables ocasiones, esta solución la estaban esperando y los indultos van en esa línea, de dar un respiro a ellas que venían luchando en atención a que el proyecto que está en el Senado aún no pasa a votación”, manifestó.
Oposición
Una mirada completamente distinta tuvo la senadora de oposición, Paulina Núñez (RN), quien afirmó que el presidente cometió un error grave y que la propia Corte Suprema así lo indicó (caso del ex frentista indultado). “Cuando se comete un error de esta envergadura lo que corresponde es retractarse y tiene que corregir con urgencia, inmediatamente. La imprudencia es la peor consejera y acá hay que actuar con cautela y responsabilidad, pensando en la institucionalidad y en el país”, emplazó.
Respecto de una eventual acusación constitucional por los dichos del mandatario, quien sostuvo que en la situación del ex frentista “hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, Núñez expresó que una eventual acusación constitucional es resorte de la Cámara de Diputados y Diputadas. «Pero al menos en el Congreso Nacional habrá que evaluar si proceden o no los antecedentes que están a la vista y no descartar nada, salvo que el presidente se retracte y enmiende su error”, subrayó la senadora.
Tras su renuncia al Partido de la Gente, la diputada Yovana Ahumada quedó como independiente y uno de los motivos que gatilló su salida fue integrar el acuerdo con Chile Vamos para censurar las presidencias de las 13 comisiones de la Cámara, lo que calificó como un sentido de equilibrio político. Más cercana a la oposición, Ahumada expuso que no está de acuerdo con la decisión del presidente y mencionó que “trató de apagar el fuego con bencina”.
“Primero, no era el momento para aplicar el indulto, es algo que debe pensarse muy bien y no puede ser precipitado. Más aún, cuando hay causas que nos dicen que efectivamente existen motivos y pruebas para que estas personas estuvieran detenidas y participaron en delitos, se genera una muy mala señal, sobre todo, cuando estamos buscando trabajar en la línea de seguridad. Una vez más el presidente actúa con un ímpetu que no correspondía”, concluyó.
