El levantamiento del secreto de la investigación implica que prácticamente la totalidad de las diligencias que solicitó el Ministerio Público están ejecutadas y, por lo tanto, el órgano persecutor ya contaría con todos los elementos necesarios para formalizar cargos. Esto es lo que infiere Pablo Toloza, abogado querellante del caso Democracia Viva, quien forma parte del equipo jurídico que dispuso la UDI para involucrarse en los casos de corrupción en la asignación de recursos de reparticiones públicas a fundaciones sin fines de lucro.
Los convenios entre la ONG que estuvo ligada a Revolución Democrática y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que fueron publicados el 16 de junio por este Medio, destaparon una serie de hechos que ahora son investigados en diferentes regiones por la fiscalía. El Ministerio Público inició una investigación de oficio por el caso inicial Democracia Viva y el fiscal a cargo de las indagatorias, Cristian Aguilar, posteriormente decretó el secreto de la investigación para asegurar el resultado de diversas diligencias.
Pero la jornada de ayer, el persecutor ingreso un escrito en el Tribunal de Garantía de Antofagasta. Toloza manifestó que el documento contiene tres acciones importantes y una de ellas es la separación de las investigaciones. “El fiscal Aguilar tenía todas las causas acumuladas y a partir del escrito solicita que, lo que podríamos denominar aristas, se constituyan en causas distintas. Por tanto, Democracia Viva queda en una causa y así sucesivamente con ProCultura, TomArte”, detalló.
El segundo punto es que el fiscal estableció una causa para investigar, de acuerdo con el artículo 175 del Código Procesal Penal, la obligación de los funcionarios públicos de denunciar delitos de los cuales tengan conocimiento. Esto ocurre unas semanas después de que Miguel Crispi, jefe de asesores de La Moneda, indicara que antes de que el caso estallara en los medios, se había enterado de un “rumor”. Sin embargo, Carlos Contreras, quien fue el seremi de Vivienda que firmó los convenios con Democracia Viva, luego declaró públicamente que había informado dichos actos al nivel central, los que fueron revisados sin advertir ninguna dificultad.
La tercera cuestión manifestada en el escrito ingresado ayer al tribunal fue el levantamiento del secreto de la investigación, restricción que se había determinado por el presunto delito de lavado de activos.
“Lo relevante de todo esto es que nos da entender que la investigación, desde el momento en que se levanta el secreto, a nuestro parecer, tiene todos los antecedentes que se requerían para formalizar, al menos por Democracia Viva”, señaló el abogado.
POSIBILIDAD DE UN FISCAL EXCLUSIVO
El querellante sostuvo que tiene la impresión de que el hecho de abrir distintas causas implica que, eventualmente, el fiscal nacional podría hacer uso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para nombrar un fiscal regional exclusivo. Y es probable, así lo cree Toloza, que existiendo causas que involucran a las mismas fundaciones en distintas regiones, el fiscal nacional utilice esa facultad y reúna en un persecutor las que correspondan a una misma fundación. “De esta manera, el hecho de la formalización, como en el caso de ProCultura que tiene investigaciones en varias fiscalías y habría que formalizar en cada una de ellas, al reunir las causas en un solo fiscal, tendríamos una sola audiencia de formalización por todos los delitos”, explicó.
Tras el levantamiento del secreto de la investigación, el exintendente de Antofagasta adelantó que solicitaron una copia de la carpeta para conocer cuáles diligencias ya fueron desarrolladas. Según la información que manejan, agregó, las pesquisas decretadas por el Ministerio Público estarían cercanas a finalizar, lo cual sería ratificado por el levantamiento del secreto y, todas las que pidieron como querellantes también se ejecutaron. Con la posibilidad de revisar la carpeta, que abarcaría unos 13 tomos, eventualmente podrían requerir alguna diligencia más.
“El hecho de que el fiscal Aguilar tomara la decisión de quitar la reserva de la investigación nos da a entender que todas las diligencias que se requerían ya están practicadas. Creemos que los delitos señalados en el escrito son los que hemos sostenido desde el inicio, así que estamos conformes con la visión del fiscal”, expresó.
Toloza valoró la forma en que Aguilar ha desarrollado las pesquisas, calificando la investigación como acuciosa y expedita, recordando que en otros casos de corrupción las investigaciones demoraron muchísimo más. En esto también ayudó el hecho de que la Contraloría emitiera un informe en un tiempo bastante menor a la ocurrencia normal, añadió.
“Es decir, por parte del Ministerio Público y la Contraloría General de la República hay una investigación acuciosa y ágil. Esperamos que ya con esto el fiscal pueda formalizar lo antes posible a quienes estime tienen responsabilidad, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores”, puntualizó el abogado.
