La semana que concluyó cerró un ciclo de las sesiones del Consejo Constituyente. El día lunes 17 se entregaron las enmiendas de las bancadas y el viernes 21 se hizo la exposición de la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile, sobre la participación ciudadana. De la no tan sorpresiva radicalidad de algunas enmiendas de la bancada Republicana, que ya comentaremos, que significó una tormenta poco disimulada entre los miembros del Consejo [recuerdo que con el consejero Parraguez, Republicano, de Tarapacá, nos sacaron una foto con otro consejero el viernes pasado y nos preguntamos, si esto se iba a repetir la próxima semana] pasamos a las aguas tranquilas, que dieron cuenta los expertos universitarios. Estos últimos, expusieron que, en la Iniciativa Popular de Norma, los promotores se repartieron un 70% hombres y un 23% mujeres, desglosándose que el grupo etario de 46 a 60 años fue autor de un 32% de las normas, seguido del grupo comprendido entre los 31 y 45 años, con un 31%; los mayores de 60 años con un 20% y entre los 18 y 30 años con un 17%. Tales normas se concentraron en la Comisión 1, Sistema Político con un 28% de IPN presentadas, seguida de la Comisión 3, Principios, con un 33,1% y de la Comisión 4 Derechos Económicos, con un 31,5%. La Comisión 2, Función Jurisdiccional, solo tuvo un 7,2%. La más “tranquila”, quizás fome, pero la que menos tensión despertaba. En total participaron 637.608 personas que, en general, mostraron en los denominados “principales hallazgos” un equilibrio, por ejemplo, en la Comisión 1, en cuanto a la Administración del Estado, se pronunciaron por incorporar la evaluación de los funcionarios públicos, programa de mejora del gasto público y garantizar la carrera funcionaria; mientras en la Comisión 4, hubo una confluencia de expectativas en el campo de la educación, desde garantizar la calidad de la educación, la provisión mixta, el derecho preferente de los padres y el fortalecimiento de la educación pública.
En el campo de las Audiencias Públicas, hubo un total de 1.136, distribuidas un 15% en el Consejo Constitucional y un 85% en las universidades, donde concurrieron un 60% de hombres y un 33% de mujeres, un 5% que prefirió no decirlo y un 2% no binario. Acá la mayor concentración de audiencias fue en la región metropolitana y un 10% en Valparaíso. Los temas principales, en la Comisión 3, apuntaron a garantizar derechos e inclusión, los desafíos en DD.HH, libertad de expresión y garantías individuales, fortalecer la democracia, igualdad y participación ciudadana, mientras en la Comisión 4, se priorizaron la conservación ambiental y desarrollo sostenible, los derechos fundamentales y desarrollo sostenible, derecho a la vivienda digna y derecho a la salud integral.
En los Diálogos Autoconvocados, se llevaron a cabo 2.300, totalizando un universo de 10.263 personas, encontrándose cierta paridad de género: 52% hombres y 46% mujeres, siendo la región metropolitana la que encauzó el 50% y las regiones de Bío-Bío y Valparaíso, en su conjunto un 18%. Hubo un apoyo, por ejemplo, en la Comisión 1, a la participación ciudadana y la educación cívica, a la idea de descentralización, al fortalecimiento de las autoridades comunales y regionales y un no consenso sobre el voto obligatorio. En la Comisión 3, la noción del Estado social y democrático, fue una valoración que predominó, como también la familia; en la Comisión 4, se destacó la idea de garantizar los derechos sociales y político, la educación y la salud (incluida la mental), la relevancia de la educación ambiental y la protección al medio ambiente.
Para los expositores, las conclusiones acopiadas en las tres esferas de la participación popular, podía extraerse que había predominado el sentido común. No vamos a entrar en el sentido de esta noción, que proviene de la escuela escocesa de filosofía- el Common Sense de Thomas Reid y William Hamilton- o sea, los principios o reglas que la misma naturaleza nos fuerza a admitir en la práctica, sin haber demostración de ellos, como refiere Juan Roig Gironella sj.
Las inclinaciones de las personas intervinientes apuntaban alejarse de los extremos de las eventuales soluciones o respuestas [más Estado in extremis, acudiendo a lo último que nos queda, ante la preponderancia del mercado, o más electividad individual ante los desafíos de solidaridad: sine die, una opción sin fecha caduca].
Frente a esto, se tenían determinadas “líneas rojas” en las bancadas, o sea, no acoger si se avanzaba en determinada opción que podía “encoger” o “ensanchar” los bordes acordados por la Comisión de Expertos. Estaba dentro del juego democrático y de las eventuales negociaciones a llevar a cabo. Lo que no se esperaba que se concretara era “golpear” el trazado del juego constitucional, es decir, hacer retroceder lo que duramente en los años de la redemocratización del país, se había avanzado.
Permítame benévolo lector y lectora, graficar esto que, muy difícilmente puede ser parte de un paquete de negociación, pues funde convicciones y doctrinas de un sector- circunstancialmente mayoritario- y por consiguiente produciría fuertes fricciones en su interior. En nuestras clases de Ciencia Política- por más de 25 años en la Carrera de Administración Pública de la Universidad de Antofagasta- una de las teorías del conflicto impartidas era la de John Burton, que clasificaba la pulsión entre Intereses y Valores. Estos últimos, comúnmente, no se transan, aunque, ciertas circunstancias pueden transformarlos en intereses, susceptibles de conversar. Pero es un desafío mayor.
Veamos, un solo ejemplo:
En el Anteproyecto, en su artículo 5, dice:
“1. El ejercicio de la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentran vigentes.
- Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, favoreciendo la protección más amplia de la persona.
- La ley determinará la forma y el procedimiento en que el Estado cumplirá las sentencias dictadas por tribunales internacionales cuya jurisdicción ha reconocido” (Anteproyecto, Ed.Oficial, p.5).
¿Cómo fueron las enmiendas en tal sentido? Hay enmiendas parciales, que modifican una palabra u alguna frase; hay enmiendas sustitutivas, que reemplazan el artículo de modo completo y existen enmiendas aditivas, que agregan algún párrafo al artículo en cuestión.
La bancada progresista (CS, RD, Socialista y PC), añadieron al inciso 2, lo siguiente:
“Estos tratados gozarán de jerarquía constitucional”.
La bancada de RN-Evópoli, apuntaron a sustituir el inciso 2 por el párrafo que sigue: sustituir el inciso 2 del artículo 5 por el siguiente:
“Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución y con el texto de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, favoreciendo la protección más plena de los derechos y libertades de todos los seres humanos.”.
La bancada UDI, señaló la sustitución del inciso 2 por una nueva redacción:
“Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y que se encuentren vigentes tendrán rango constitucional.”
Empero, la bancada Republicana, planteó sustituir el inciso 2 por el siguiente:
“2. El ordenamiento jurídico chileno se rige por el principio de supremacía constitucional. El texto de las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes deberá́ interpretarse de forma compatible con esta Constitución. En la interpretación del texto de las disposiciones de dichos tratados, no podrán utilizarse instrumentos internacionales jurídicamente no vinculantes para el Estado de Chile.”. (BOLETIN DE ENMIENDAS CONSEJO CONSTITUCIONAL, pp.4-5).
Como se puede apreciar lo disonante del párrafo es también un retroceso a lo que se había acordado en las reformas a la Constitución de 1980, en 1989, cuando el régimen de Pinochet estaba activo. Se debe recordar, para sopesar este retroceso, tres aspectos. Uno, la condena de los organismos internacionales, desde 1974, sobre las violaciones reiteradas en materias de derechos humanos llevadas a cabo por la dictadura, desde el golpe militar. Dos, la Constitución de 1980, en su redacción original estableció en su artículo 5:
“La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas…El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.
Y es, precisamente, sobre los alcances de este artículo, escribió el constitucionalista Carlos Andrade Geywitz, en 2003, en abril de 1989, abogados constitucionalistas de Renovación Nacional y de la Concertación de Partidos para la Democracia, y donde estuvo de acuerdo el entonces ministro del Interior Carlos Cáceres, ultimaron una reforma al inciso 2 del artículo 5, por el siguiente:
“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación los derechos esenciales que emanan de la persona. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución y por las normas internacionales que comprometan a Chile”.
Con esto, no solo se abría el retorno de Chile al concierto de las naciones democráticas sino que una nueva etapa para la convivencia nacional.
Un tercer aspecto, fue que varios tratados sobre derechos humanos, rubricados por la dictadura, recién en tiempos del proceso de redemocratización iniciado en 1990, fueron ratificados y promulgados en el Diario Oficial.
De ahí, las voces que hemos escuchado de alerta sobre los pasos a proseguir en el Consejo Constitucional, cuando, en el caso que hemos referido, se retrotrae la situación de 2023 al año 1988. Un evidente retroceso, cuando, como hemos escrito en otra columna, la Corte Suprema de Justicia reconoce los tratados de derechos humanos por sobre la supremacía constitucional.
