El viernes 30 de junio, se tuvo el plenario del Consejo Constituyente para recibir al presidente de la Ilustrísima Corte Suprema, D. Juan Eduardo Fuentes Belmar, y al ministro Leopoldo Llanos Sagrista, quienes expusieron los comentarios sobre el Anteproyecto Constitucional redactado por la Comisión de Expertos.
Cuatro temas fueron los abordados, de interés para nuestros lectores. La aceptación de distinguir las funciones jurisdiccionales (desde los tribunales comunales hasta la Corte Suprema) de las no jurisdiccionales (Comisión de nombramientos judiciales, Fiscalía Judicial, Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Academia Judicial). El reforzamiento de la autonomía del poder judicial y su estructura jerárquica; un tercer asunto fue indicar su concordancia con la primacía de los tratados de DD.HH, suscritos por el país y que estén vigentes, por sobre la Constitución y, un cuarto tema, fue puntualizar que, cuando no hay procedimientos muy claros, se tenga que acudir a los auto-acordados, no teniendo injerencia en los contenidos de las leyes.
La sesión quedó dividida en un tiempo de discursos, a nombre de la bancada; un tiempo de puntualizaciones de los consejeros sobre la intervención de la Corte Suprema, como de igual forma, un tiempo para los expertos frente a los comentarios de la Corte Suprema. Los consejeros formularon preguntas y observaciones, de distinta índole. Se cuestionó el por qué tenían que permanecer hasta los 75 años e incluso la permanencia por más de 30 años no se veía conveniente (una intervención Republicana). La respuesta del ministro Llanos apuntó a la experiencia acumulada y a la esperanza de vida existente (fue una contestación genérica, pero no rige para cualquier persona de la sociedad). Otra, cuál era el criterio sobre la perspectiva de género, que la Corte planteó que estaba de acuerdo, y la Comisión de Expertos desechó (una intervención Comunista). La Corte, aseveró, por medio del ministro Llanos, que tal perspectiva lo ha incorporado de modo jurisdiccional, fue la réplica.
Hubo otras que apuntaron a la tardanza de la justicia en materias ambientales cuando se enfrentan organizaciones civiles contra organizaciones con gran capacidad económica y asesoría legal (una acotación de RD), o por qué la justicia no es más afectiva y resguarda a las víctimas de gran vulnerabilidad, como son los niños, que deben recrear la victimización (un comentario de RN). La puntualización de la Corte fue, que los jueces aplicaban lo que formulaban legalmente los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo.
Uno de los expertos- posiblemente el de más experiencia en cargos relevantes- hizo notar la inclinación de los jueces por un “activismo judicial”, que había que detener, ante lo cual los Supremos replicaron que no estimaban que se estaba produciendo aquello, salvo alguna sentencia que podría haber concitado una mayor opinión, aprovechando de quejarse, que en el concepto de autonomía del poder judicial faltaba la independencia económica. Uno de los expertos le hizo saber que ningún poder del Estado tenía una autonomía económica, pues nadie tenía asegurado un porcentaje, hasta que se aprobaba el presupuesto de la república en el Congreso Nacional.
Me tocó intervenir- junto a otra consejera, Paloma Zúñiga- en representación de la bancada, en cuanto a los discursos. En lo fundamental orienté éste en la doble dimensión de la justicia- la legal y la distributiva- y la coyuntura en que nos hallamos, donde señalé en parte:
“Desde los albores de la República, como lo recogió la Constitución de 1818, se fijó una finalidad para el Estado, que está estrechamente conexo al sentido de justicia, al asignar al juez, afianzar, por un lado, la existencia de su persona y bienes y, por otro, asegurar a todo individuo de la sociedad el derecho a ser garantido en el goce de su trabajo y felicidad, obligándose a los funcionarios del Estado, aliviar la miseria de los desgraciados y proporcionarles a todos, los caminos de la prosperidad. Bellas palabras para comenzar a cimentar una convergencia hacia los ideales de justicia.
Debemos aprender de nuestra historia, dolores y alegrías, y apreciar que el diálogo, el respeto y legitimar al otro como un igual -como decía, Humberto Maturana- es el único camino hacia el progreso, la justicia y, en consecuencia, la paz social. Todos estos, constituyen desafíos que necesitamos comprender y abordar de forma colaborativa a la hora de estructurar uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: El poder Judicial.
El mandato que hoy nos reúne aquí, no es otro más que hacer de las históricas demandas sociales una realidad. La gente ha confiado en cada uno de nosotros, a través de las urnas, para que logremos un acuerdo que nos permita avanzar hacia un sistema representativo, que defienda al desamparado del abuso, que restaure e instaure el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado, y que dé certeza de que sus decisiones serán respetadas y acatadas sin tapujos ni injerencias de otro poder, ejerciendo su autonomía.
Es por eso que aprovecho esta instancia para promover la unión y el intercambio de impresiones sobre el cometido que se nos ha encomendado, como consejeros. Antes que todos los intereses, pensamientos y lineamientos de distinto espectro político, está nuestro deber patriota para con nuestro país y su gente. Pues nos debemos a las necesidades de las personas, y debemos plantear el debate siempre en miras del bienestar de la nación, que constituye este hermoso país llamado Chile.
Debemos procurar restablecer tanto la seguridad jurídica como la justicia social que se clama, desde Arica hasta Punta Arenas. Estamos investidos para dotar de contenido al estado social, democrático y de derecho, que nos ha fijado nuestro Congreso Nacional. Por esta razón, es que felicito y comparto plenamente el trabajo realizado en el anteproyecto por la Comisión Experta, pues ha recogido oportunamente las indicaciones de distintos académicos y profesionales y se ha hecho cargo de los cambios que nos impone el desarrollo.
En lo relativo a la composición del Poder Judicial, destaco, entre otras medidas adoptadas, la reestructuración del mismo, dado que en lo relativo a gobernanza judicial, me gustaría mencionar el avance que se ha logrado separando las funciones jurisdiccionales de aquellas que no lo son, descongestionando así mucho de los trámites que ralentizan el actuar de nuestro máximo tribunal, especializando su labor y dedicando sus esfuerzos y tiempos en lo que el deber dicta, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
En la misma línea, para que el ejercicio de la función jurisdiccional tenga un eje que lo encauce hacia los principios máximos de justicia, es imperativo que los derechos sociales se encuentren fuertemente protegidos por la Constitución, dado que solo así se podrá garantizar un Estado social democrático y de derecho que satisfaga las demandas que la población exige, para que sea la persona la que esté por sobre todo, donde el Estado se encuentre al servicio de ella y se le proteja de todo abuso, ya sea estatal o de grandes grupos de influencias. Debemos prevenir y buscar el equilibrio del que nos habló Aristóteles, procurando la prudencia en nuestras acciones, pues la justicia es la virtud social por excelencia, y así evitar transgresiones de toda naturaleza en nuestra sociedad”.
