Fue el martes 23 de mayo que una conversación que escuchaba personal del OS-7 de Carabineros logró descubrir un inédito dato proveniente desde la cárcel de Calama. Los investigadores recibieron información desde el penal, en que se les daba cuenta que entre el 8 y el 14 de mayo, varios reclusos de “posiblemente una organización criminal de nacionalidad venezolana, dedicada al tráfico de drogas”, había estado planificando una fuga que incluía el uso de explosivos.
Según consigna La Tercera, la alerta también daba cuenta que esta organización criminal, a través “de sus redes instaladas en Chile, específicamente en la comuna de Calama”, instalarían un artefacto explosivo en la cárcel, ubicada en Av. Granaderos 2107, para derribar los muros y facilitar la huida de “personas privadas de libertad, principalmente personas de nacionalidad venezolana”.
Con esta información, el Ministerio Público pidió la autorización para intervenir los teléfonos de “Yinne”, quien era permanentemente contactada desde la cárcel por otro teléfono. El 10 de mayo, el Juzgado de Garantía de Calama aceptó el requerimiento.
Al otro día, el 11 de ese mes, escucharon la primera conversación entre la mujer y un recluso del penal de nombre “Lameda”, quien le insistía en que tenía que cuidar “eso”, a lo que ella constantemente le señalaba que “era mucho compromiso”.
Se registraron dos escuchas más, en ese mismo tono, donde se hablaba de la necesidad de vender el “elemento” rápido, porque había compradores interesados y la idea era ofrecerlo al mejor postor.
Fueron 10 días de interceptaciones telefónicas lo que les reveló a los investigadores que la mujer, identificada como Yinne Medina Palma (29), y de origen venezolano, era quien tenía el elemento explosivo en su poder. Su misión, creyeron los investigadores, era vender el artefacto a la organización que planeaba la fuga desde la cárcel de Calama.
“Al analizar en detalle la conversación se logra establecer la necesidad de la mujer de tener instrucciones respecto del artefacto explosivo, ya que le han consultado por la tenencia del artefacto, pero que no quiere entregar datos exactos de la ubicación de este”, dice uno de los informes policiales del caso.
Los investigadores -según el matutino- ya tenían indicios claros de que el dato que surgió desde la cárcel no era errado, pues ya contaban con grabaciones telefónicas que apuntaban a la elaboración de un plan para hacer volar los muros de la cárcel. Pero faltaba lo central: ¿Dónde estaban los explosivos y serían tan potentes para derribar los muros de una cárcel?
Para resolver esas dudas, se pidió a una compañía telefónica el perímetro desde donde se estaban realizando las llamadas de la mujer. Así, la antena marcó una cuadrícula de las calles Balmaceda, Piedras Rojas, Ecuador y Cobija. Ese era el radio desde donde se comunicaba la sospechosa.
Un día después, los efectivos de Carabineros destinados a labores de vigilancia lograron ubicar el domicilio, en calle San Pedro de Río Grande. Allí vieron a la mujer entrar y salir, sin movimientos sospechosos, hasta el jueves 25 de mayo.
Ese día, a eso de las 19.00, llegó hasta la casa de la mujer un auto Hyundai, modelo Gets. A los pocos minutos salió Yinne, quien se subió rápidamente en el asiento del copiloto.
Los policías se activaron. Dejaron que el auto avanzara, tomaron una distancia prudente y comenzaron un seguimiento que duró casi 30 minutos, hasta que el “blanco” se detuvo en calle Latorre, esquina Heriberto Salgado. Pasaron segundos y un desconocido abordó el vehículo, estuvo a bordo 10 minutos y bajó. El auto continuó su marcha, hasta detenerse fuera de una casa.
El conductor bajó con un “bulto” entre sus manos, entró a la casa y salió en cinco minutos, ya sin la bolsa y con premura. Reinició la marcha del vehículo y fue a dejar a la mujer a la casa desde donde la pasó a buscar.
Con todos los elementos que Carabineros reportó al fiscal Aliaga, el Ministerio Público ya estaba en condiciones de tomar una decisión para entrar a los domicilios de los sospechosos y detenerlos, pero antes había que asegurar lo principal: no permitir la masiva fuga desde la cárcel de Calama.
Fuentes judiciales y policiales de la zona advierten que se trataba de un hecho inédito. Nunca antes en la región una banda criminal había intentado hacer explotar un muro para escapar.
Los consultados coinciden que todo tiene que ver con la “radicalización” de las organizaciones criminales de la Macrozona Norte, hasta donde se han exportado violentos métodos delictuales para robustecer a estos peligrosos grupos.
