Durante años, todas y todos hemos visto a un grupo de profesoras y profesores jubilados que cada jueves al mediodía llegaban hasta la Plaza Colón de Antofagasta para exigir el pago de la deuda que el Estado chileno contrajo con nuestros maestros, cuando se traspasó la educación pública a los municipios, lo que impidió que las y los docentes recibieran el reajuste salarial del Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), que fue desconocido por sus nuevos empleadores.
Así como ellos, maestras y maestros se han movilizado a lo largo de todo Chile.
Por décadas, el Estado se negó a reconocer la existencia misma de esta deuda e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, falló en favor de un grupo de docentes que recurrió ante dicho tribunal internacional para exigir el pago.
El desconocimiento de esta injusticia por parte del Estado ha calado profundo en quienes formaron a cientos de niñas y niños a lo largo de estos 40 años de espera.
Nuestro programa de gobierno tiene una característica que no puede ser desconocida, y es la voluntad política de hacernos cargos de diversas injusticias arrastradas por años, como es poner fin al CAE que generó una carga tremenda para quienes buscaron opciones de financiamiento para poder estudiar, en ese contexto, nuestro programa reconoció esta deuda injusta y se planteó el objetivo de repararla y para ello construyó una propuesta que antes de enviar al Congreso, fue conversada con el Colegio de Profesores, que a su vez , la sometió a la aprobación de sus bases.
El proyecto presentado al Congreso contempla un pago de 4,5 millones de pesos a cada profesor vivo, partiendo por el grupo de mayor edad para continuar con los de menor edad sucesivamente.
El pago se hará en dos cuotas (octubre y enero del año siguiente) y se contempla la transmisibilidad en caso de que el titular fallezca durante el proceso, característica no menor debido a la cantidad de profesores y profesoras fallecidas esperando su reparación, beneficiando a 57.569 docentes, aproximadamente.
Tenemos total conciencia que se trata de un monto bastante menor en relación a la deuda real, pero la magnitud de la misma, la hace muy difícil de abordar y nuestros educadores no pueden seguir esperando.
Esperamos que el parlamento se sume con sus votos, tal como ya lo hizo la Comisión de Educación de la Cámara, aprobando en general, para lograr esta reparación que tiene una dimensión económica, pero también simbólica, dado que el profesorado por años ha sido maltratado y por eso este paso tiene tanto valor social.
