Nos encontramos en el Mes de la Minería, periodo en que tradicionalmente el país festeja a nuestra principal actividad. Coincidencia o no, se ha anunciado que esta semana la Comisión de Minería del Senado comenzará la votación del proyecto de Royalty minero. Este hecho tiene la máxima importancia y lo que se decida en el Congreso impactará indefectiblemente el devenir de nuestra industria y, por cierto, de nuestra región.
A fines de la década de los ‘80 nos embarcamos en un círculo virtuoso de inversión, con un flujo de proyectos mineros que empezaron a generar un encadenamiento productivo profundo con proveedores nacionales y locales. Desde ese periodo hasta hoy, la Región de Antofagasta pasó de aportar un 4% del PIB nacional, a producir el 10% del Producto Interno Bruto de Chile.
Actualmente, el 52% del Producto Interno Bruto de la Región de Antofagasta es explicado directamente por la minería. Si sumamos las actividades indirectas, nos acercaríamos al 100% del PIB antofagastino. Asimismo, un 60% de los empleos se vinculan a la minería.
Además, gracias al empuje provocado por la minería, Antofagasta lidera la cartera de proyectos de energía: con una cartera de US$2.600 millones, estas iniciativas de basan en energías renovables, lo que permitirá dar frente al cambio climático en el futuro.
Otro cambio significativo es la desalación de agua de mar, hecho que también fue promovido por la actividad minera desde nuestra región. Complementariamente a las faenas que hoy se abastecen con agua de mar, un 100% del agua que recibe Tocopilla y un 60% en Antofagasta y Mejillones proviene de agua desalinizada. Estamos en camino a consolidar a Antofagasta como la mayor potencia en desalación de América Latina.
En este contexto recibiremos la votación del Royalty, que busca la aplicación de una tasa de un 3% al valor de las ventas de cobre y otros minerales. Las tasas se incrementan en la medida que los precios aumentan.
Nos parece legítimo se discuta sobre esta materia. Ahora bien, el país debe buscar compatibilizar el máximo aporte en cuanto a los intereses nacionales y regionales, pero sin dañar nuestra competitividad ni el ecosistema minero.
Si se aprueba la moción parlamentaria tal cual como fue aprobada por la Cámara de Diputados, varias mineras se verían sin márgenes financieros para continuar operando. De acuerdo con un estudio de Wood Mackenzie, de un total de 17 grandes mineras, solo 3 serían rentables con la recaudación propuesta si se mantienen los actuales precios sobre los US$4 la libra. ¿Qué impacto puede tener esto en la cadena de proveedores, el empleo y en la inversión futura y en el desarrollo de nuestra Región de Antofagasta?
Esperamos que los legisladores tomen la decisión final en base a argumentos técnicos y piensen en un beneficio para todas las partes.
Las regiones lo agradecerán.
