Seguridad en Antofagasta

En el último tiempo hemos visto activamente al fiscal regional Juan Castro Bekios en varias operaciones de desarticulación de bandas vinculadas al crimen organizado, contando incluso con la presencia del fiscal nacional Ángel Valencia.

La información emanada de estos operativos es preocupante. Equipos altamente organizados, que ejercen una violencia inusitada para lograr adherentes, y cuyo accionar no se reduce exclusivamente a un tipo delictual, sino que normalmente se trata de varios delitos involucrados: trata de personas, narcotráfico, delitos económicos, contrabando, homicidios, por mencionar algunos. Castro Bekios señalaba en un diario de circulación nacional a este respecto que “el líder de la organización es quien encomienda e instruye a sus brazos operativos y armados, a fin de que éstos ejecuten diversas misiones destinadas a mantener el control territorial”.

Junto con destacar esta labor -y la eficiencia de la misma- al lograr prisiones preventivas en relación a la mayor parte de los detenidos en estos operativos, se hace necesario considerar qué otras acciones y qué otras autoridades debieran generar respuestas orientadas a entregar mejores niveles de seguridad a la población.

Así por ejemplo se hace prioritario contar con mejores tecnologías que puedan apoyar la labor fiscalizadora de las autoridades. Resulta impensable que, en una región como Antofagasta, con amplias fronteras y alta frecuencia de tránsito intrarregional, aún no se cuente con portales lectores de patentes, a instancias que es sabido del flujo de vehículos que son sacados ilegalmente a Bolivia para su reducción. También se extraña una labor fiscalizadora más intensiva y coordinada entre autoridades como aduanas y servicio de impuestos internos a instancias que a todos llama la atención la actividad nocturna que rodea el casco histórico en relación con la venta de carcasas de celulares y barberías, en instalaciones cuyos cánones de arriendo resultan elevados, más no guardan relación con las prestaciones vinculadas a venta de carcasas y cortes de pelo.

Otro punto importante tiene que ver con el seguimiento económico de las actividades ilícitas, donde entes fiscalizadores como el Servicio de Impuesto Internos (SII), Aduanas, Servicio Agrícola Ganadero (SAG), municipio por medio de la entrega y fiscalización de patentes, Unidad de Análisis Financiero (UAF) deben controlar la serie de actividades ilegales que hoy resultan ser conocidas por muchos y permiten acciones de lavado de dinero. A modo de ejemplo lo ocurrido en Taltal donde agrupaciones constituyéndose como pescadores virtuales, obtiene permisos de manera digital para lograr extracción de pescados o mariscos, e inscriben cada día su ingreso y salida del mar con volúmenes de productos que en la realidad nunca fueron extraídos, pero que si constan digitalmente, que nadie fiscalizó in situ si era real, pero que el día de mañana podrían venderse facilitando las labores de lavado.

Se hace necesario, además, generar alianzas público-privadas de manera que los esfuerzos que cada sector realiza día a día para combatir este flagelo tengan resultados más eficientes. Muchas veces la tecnología ocupada por comerciantes a la hora de instalar cámaras de vigilancia, no cumplen con los estándares exigidos a la hora de generar evidencia por la mala resolución de sus imágenes; si los requerimientos de esta naturaleza pudieran ser claros de parte de las policías o la fiscalía podríamos acceder a pruebas de mejor calidad y soluciones de mejor calidad también en términos penales

Aun es mucho lo que puede hacerse, la fiscalía regional destaca en su labor operativa y esperamos que también se sumen el resto de las autoridades e instituciones que deben acompañar esta tarea, el Fiscal Regional Juan Castro Bekios asertivamente ha señalado que el crimen organizado prospera en espacios de debilidad institucional y corrupción.