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jueves, 31 octubre, 2024
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Región de Antofagasta

Seremi de Salud lleva un año haciendo el sumario: Familia de enfermera fallecida tras servicios en aduana sanitaria pide a la fiscalía formalizar investigación

Betzabeth Kraljevic Navarro (25) trabajó para en pasos fronterizos para la Seremi de Salud. Sus padres denuncian que a más de un año del inicio del sumario que determinará responsabilidades administrativas, el procedimiento sigue sin resultados y por ello ahora solo confían en que el Ministerio Público investigue formalmente el caso. La joven prestó servicios en Hito Cajón (4.549 MSNM) y en su primer turno sintió molestias e incluso se desmayó. Luego registró dolor costal, taquicardia, dificultad para respirar y tos con sangre debido a una trombosis bilateral pulmonar, falleciendo en julio del 2022. Por su parte, Salud manifestó que el sumario se encuentra en la etapa final.

Más de un año en curso lleva el sumario que determinará si hubo responsabilidades funcionarias en los hechos que derivaron en la muerte de Betzabeth Kraljevic Navarro (25). La enfermera murió el 6 julio del 2022 por una trombosis bilateral pulmonar y, su familia, aseguró que informes especializados indicaron que el padecimiento tuvo origen profesional. Sin un examen preocupacional actualizado, la joven fue enviada por la Seremi de Salud a la aduana sanitaria de Hito Cajón, a una altitud de 4.549 MSNM, donde registró los primeros síntomas que se agudizaron con los siguientes turnos hasta su deceso en el Hospital Regional. Debido a la tardanza del sumario, del cual se habían prometido resultados en 15 días, sus padres ahora solo esperan que el Ministerio Público inicie una investigación formalizada en el Tribunal de Garantía.

Carlos Kraljevic, padre de Betzabeth, manifestó que el sumario aún no concluye y pareciera que lo dicho por la seremi de Salud de Antofagasta, Jéssica Bravo, de que se tomará todo el tiempo del mundo para concluirlo será realidad. “Incluso pensamos que está alargando el tiempo para contestar y terminar su mandato, porque ella sabe que está involucrada. No tiene ninguna empatía y creo que no cumple con su deber de autoridad para buscar a los culpables dentro de su equipo que provocaron las negligencias que finalizan con la muerte de mi hija”, cuestionó.

El sumario comenzó en julio del año pasado y comentó solicitaron información en tres oportunidades, además, los diputados José Miguel Castro, Jaime Araya y la senadora Paulina Núñez por intermedio de oficios también pidieron acciones. Junto a ello requirieron una entrevista por ley del lobby con la ministra de Salud, aunque los padres fueron atendidos por asesores, quienes “nos ofrecieron tratamiento psicológico, que nos llamarían, la típica promesa política que nunca se cumple”, dijo.

“Creemos que ha pasado un tiempo suficiente, se tienen todos los antecedentes de organismos oficiales y la fiscal Paola Acevedo debería comenzar a formalizar la investigación”, emplazó Carlos.

Informes

El padre de la fallecida explicó que el caso de su hija apareció en el reporte anual sobre la situación de la frontera norte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y agregó que el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) declaró que lo ocurrido con Betzabeth fue una enfermedad profesional, aunque cuando presentaron estos antecedentes a la fiscal, solicitó un nuevo uniforme. “Esto nos llama la atención, para qué necesita un nuevo informe si la certificación del ISL no admite dudas respecto al deceso por la enfermedad profesional. La fiscal dilata los tiempos, no nos ha recibido, solicitamos dos veces la audiencia con ella y la última vez le dijo a mi esposa que nos recibiría un día a las 16 horas, pero que primero nos llamaría, jamás lo hizo y después tomó vacaciones”, relató.

Entre las gestiones, la familia solicitó audiencia con la fiscal jefe, aunque la respuesta que recibieron fue que tiene 20 días para responder y tras ese periodo no tuvieron información. “Acá hay fuertes presiones a la fiscalía para que esto no salga a la luz pública y no se formalice a los involucrados, porque estamos seguros de que llegará hasta la seremi de Salud. Estamos a la espera de que la fiscalía haga su trabajo”, aseguró Carlos.

Con la incógnita de un sumario que lleva más de un año en curso, el padre de la enfermera declaró que el primer paso que les daría tranquilidad sería que la fiscal comience a formalizar a los involucrados, para después definir responsabilidades de acuerdo con el grado de participación de cada uno. “Habrá algunos a quienes salpicará el caso y que realmente no tendrán responsabilidad, pero hay otros que están directamente involucrados y eso queremos que, que la fiscal comience a formalizarlos”, puntualizó.

Según detalló, el trabajo del ISL indicó que la joven falleció producto de una enfermedad profesional, lo que para ellos es el reconocimiento tácito de una negligencia por parte de su empleador. A esto suman lo publicado en el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con lo que no tienen dudas de que todos los antecedentes entregados a la fiscalía son verídicos.

En ese contexto, Kraljevic ponderó que el sumario de Salud pasa a ser un trámite más sobre el cual no tienen mayores expectativas, porque “creemos que exculpará a toda la gente que acompaña a la seremi en su cargo, ya que el directamente involucrado en el fallecimiento de mi hija todavía trabaja en la seremi. El tema ya no pasa por si ellos quieren realmente hacer su trabajo, entendemos que es gente ineficiente, que está involucrada y quieren tapar su negligencia dilatando esto”, comentó.

Con toda esta experiencia, Carlos expuso que observan “un tirón de orejas” para la Contraloría y los parlamentarios, argumentando que en Chile se sabe del inicio de los sumarios, pero nunca cuándo terminan. “Deberíamos tener una normativa fuerte para que esta situación no siga ocurriendo, no solamente con nuestro caso, también con los muchos que deben existir en el país”, advirtió.

Respuesta de Salud

Al consultar a la Seremi de Salud sobre el estado de avance del sumario, ahondaron en que se encuentra en su etapa final. No obstante, advirtieron que, si la investigación determina responsabilidades de funcionarios, ellos podrían apelar a la decisión, instancia que debería ser resuelta en el nivel central con la consiguiente extensión de los plazos para el cierre definitivo del proceso.

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