“Si este gobierno no da alternativas viables de regularización, la migración seguirá llegando irregularmente”: Capellán del Servicio Jesuita a Migrantes

Cristián del Campo, capellán del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), declaró que es innegable que en el país hay una situación de inseguridad que se ha asociado, a su modo de ver, de manera desproporcionada con la migración. Y aunque existe una vinculación a través de datos duros, explicó que no se trata de una generalidad, citando como ejemplo la encuesta del Centro de Estudios Públicos en la que observa que “la percepción de la ciudadanía es bastante más matizada que la que los medios y los políticos tienden a destacar”.

Los resultados del último sondeo del Centro de Estudios Públicos exponen que casi un 70% de los encuestados “está muy de acuerdo” con que los inmigrantes inciden en elevar los índices de criminalidad. Pero del Campo dijo que al mirar el resto de las preguntas aparece una mirada más balanceada de la sociedad respecto de los extranjeros, como en la consulta sobre si los inmigrantes regulares deberían tener acceso a la salud pública (76% muy de acuerdo) o si estos quitan trabajo a los chilenos, que bajó de un 63% a un 32% desde diciembre del año pasado.

El vocero del SJM manifestó que empatizan con la población, especialmente con aquellas comunas donde la migración ha presionado algunos servicios básicos como la salud y educación, poniendo como ejemplo el caso de Alto Hospicio. En ese contexto y agregando que la migración no se detendrá, apuntó que “si el Estado no asume su responsabilidad que va más allá de medidas de control y restricción, si no entiende que la migración puede ser una oportunidad para muchas comunas, para el desarrollo productivo, pero si no toma su verdadera responsabilidad de largo plazo, seguiremos con medidas parche que no solucionan el problema y el desafío de fondo”.

• ¿Cómo observan este clima antimigratorio en el país?

Es innegable que a nivel país hay una situación de inseguridad bien marcada y lamentablemente esa sensación se ha asociado, a mi modo de ver de manera desproporcionada, con la migración. Puede haber alguna vinculación de delitos con datos duros que den cuenta de eso, creo que sí, pero no es la generalidad. En ese sentido, me parece que los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos que tiene un capítulo completo respecto de la migración da cuenta de que la percepción de la ciudadanía es bastante más matizada que la que los medios y los políticos tienden a destacar. La primera invitación sería a revisar el conjunto de las respuestas que da la gente sobre un conjunto de preguntas respecto del fenómeno migratorio y, vamos a encontrarnos con una mirada más balanceada, más ponderada de la que a veces nuestros líderes de opinión expresan a través de los medios de comunicación.

• ¿Hay preocupación de que puedan extenderse a Chile medidas como las que tomó el gobierno Peruano para acelerar las expulsiones de quienes no regularizaron su estatus migratorio?

Todas las medidas de control migratorio, incluidas las expulsiones, son medidas legítimas que todo país tiene en su poder realizar, en la medida que se cumpla siempre con el debido proceso. Eso es lo que nosotros, como fundación que trabaja con personas y familias migrantes, es lo que queremos resguardar. No nos oponemos a las expulsiones per se, lo único que decimos es que esa medida ya sea una expulsión por la vía administrativa o judicial, debe cumplir con el debido proceso. Lo que nos parece irresponsable es cuando se habla de las expulsiones, como las de Perú en 48 horas o como está en la propuesta del borrador constitucional que dice “en el menor tiempo posible”. Para qué prometemos cosas que son muy difíciles de realizar, para qué decimos a la gente que las expulsiones las haremos en ese corto plazo cuando se trata de un proceso complejo, porque no depende solo de lo que nosotros determinemos como país. Esa persona expulsada tiene que ir a otro país, por lo tanto, si no hay una coordinación internacional, nos pasará exactamente lo que ocurrió con la propuesta de devolución que venía en la ley de migración hace dos años y que, simplemente, no resultó al día siguiente de su promulgación. Esto, porque Bolivia no aceptó que se devolvieran personas que no eran bolivianas. No basta con decir algo, por bien que parezca, porque si es una cosa que no está bien estudiada, coordinada con otros países y si no se entiende que es una medida compleja, será solo algo populista, para calmar esta necesidad que tiene la gente de sentirse más segura, en este caso, respecto de personas migrantes que puedan estar cometiendo delitos graves.

• ¿Ven posible que a raíz de la decisión peruana el país pueda experimentar una presión migratoria en sus fronteras?

Si seguimos las declaraciones de la ministra del Interior y del subsecretario respecto del resguardo de las fronteras, de las nuevas medidas, la tecnología y el refuerzo en el control fronterizo, no deberíamos tener eso. Precisamente, lo que la ministra del Interior ha sostenido es que los ingresos el año pasado y este 2023 por pasos no habilitados han disminuido. Queremos creer que eso es verdad, creemos siempre que los ingresos irregulares son una mala noticia, pero lamentablemente son las alternativas que ven personas que migran escapando de la pobreza u otro tipo de vulneraciones de sus derechos. Entonces, si el gobierno peruano implementa esto, ¿habrá una estampida de gente hacia Chile? Dudo de las expulsiones masivas, de su implementación porque en términos prácticos es algo muy complejo, pero si llegara a ocurrir deberíamos confiar en las medidas que el gobierno, especialmente esta semana, ha anunciado.

• ¿Para el SJM la migración irregular es un problema, una dificultad o cómo la calificarían?

Siempre hemos dicho que lo que nosotros queremos y por lo cual trabajamos es por una migración ordenada, segura y regular. Queremos migración regular, pero si este gobierno no da alternativas viables de regularización, la migración seguirá llegando irregularmente, no les queda otra. El llamado que hacemos, especialmente respecto de la política nacional de migraciones que entendemos no está del todo aprobada por Contraloría, es que tengamos vías concretas de regularización para que las personas que quieran aportar puedan hacerlo. Porque de lo contrario, seguiremos teniendo un número muy importante de personas en situación irregular en el país y, si queremos mayor seguridad, eso pasa por conocer quiénes viven aquí, conocer sus antecedentes, sus núcleos familiares, su ocupación y eso se consigue solo si las personas están en una situación más regular. Y esto depende de la voluntad política del gobierno.

• ¿Qué deben hacer los países para controlar que no llegue ese grupo de inmigrantes que solo busca un espacio para delinquir?

La cooperación internacional es fundamental, compartir información, pero lo segundo es que tienen que existir modos en los que nosotros fomentemos el ingreso regular, porque así tendremos mejor información, mejor inteligencia. Si lo único que tenemos son medidas de prohibición, eso es caldo de cultivo para las mafias y bandas que se dedican a traficar migrantes y a la trata de personas. Eso existe hoy en todo el continente y lo vamos a seguir fomentando en la medida que nuestras únicas respuestas sean de restricción. Tenemos que entender que cuando hay fenómenos migratorios como el que hemos enfrentado, sobre todo a partir de la crisis humanitaria en Venezuela, es que esa gente irá a los países del continente y Estados Unidos sí o sí. Lo que debemos definir es cómo nos haremos cargo de quienes deciden llegar a Chile, que, dicho sea, no es el primer país de destino de los venezolanos, ni el segundo ni el tercero, es el quinto y solo hablando de Sudamérica. Primero está Colombia, luego Perú, Ecuador y aparecemos casi empatados con Brasil. Los venezolanos están tratando de ir a cualquier lugar donde puedan tener una posibilidad. Para quienes vengan a Chile, que sepamos quiénes son, a qué se dedican y para eso necesitamos información que se obtiene fomentando los ingresos regulares.