«Sin duda van a haber personas cumpliendo penas efectivas de cárcel producto del caso Convenios»: Senador Pedro Araya

El Senador Pedro Araya Guerrero (IND-PPD) fue el autor de la ley que endureció la pena en los denominados delitos funcionarios; de ahí que por su conocimiento de estas nuevas normas, cree que habrán personas tras las rejas por el Caso Convenios, el cual actualmente es motivo de investigaciones en 10 regiones del país por parte del Ministerio Público. Eso sí, respecto al caso que originó todo en Antofagasta como fue Democracia Viva, critica la lentitud de la fiscalía.

Al momento de buscar alguna explicación del porqué fue en Antofagasta donde partió todo, especula que se podría deber a la relación que existía entre cercanos a la Diputada Catalina Pérez en puestos de poder: Carlos Contreras (exjefe de gabinete y exseremi Minvu) y Daniel Andrade (expareja)

También apunta a que directamente el caso Democracia Viva no solo generó un daño político al gobierno sino también en las confianzas de la gente con este tipo de organizaciones.

«La gente que vive en campamentos ve la danza de millones de pesos que se destinaron a convenios precisamente para que ellos puedan salir de las tomas y que no se ejecutó, se siguen preguntando porqué seguimos en estas mismas condiciones. Por eso, además hubo un daño al tejido social», agregó Araya.

• ¿Por qué cree usted que fue en Antofagasta donde se gestó el caso convenios?

Creo que el gran problema del caso Convenios es que le pegó a la línea de flotación del gobierno del Presidente Gabriel Boric. En Revolución Democrática todavía no logran dimensionar el tremendo daño que le hicieron al gobierno, tanto al Presidente de la República y su plan de gobierno, como a la credibilidad del conglomerado que apoya al gobierno. Eso, a mi juicio, creó un quiebre al interior del Frente Amplio y eso se observa, pues no logran aglutinarse.

Es difícil poder establecer porqué Antofagasta fue el caso cero, pero probablemente fue porque se dieron una serie de combinaciones que no existían en otras regiones. El hecho que estuviera el ahora expololo de la diputada Catalina Pérez, su antiguo jefe de gabinete en un puesto de poder, combinaciones que no se repitieron en otra parte de Chile, y eso podría explicar porqué Antofagasta es la zona cero. Además, agregar que el Seremi de la Vivienda, producto de una serie de roces que había tenido con funcionarios públicos que trabajaban en la Seremía, habían muchos dispuestos a denunciar posibles irregularidades.

• Entendiendo que falta que avance la investigación, pero usted también como abogado de profesión ¿cree que se puede llegar a configurar algún delito en el caso de Democracia Viva?

En el caso de Democracia Viva, lo que uno puede apreciar de lo que se ha conocido por medios de comunicación, pareciera ser que a lo menos podríamos estar en presencia de varios delitos; por lo pronto algunos de los distintos tipos que existen de malversación de caudales públicos como fraude al fisco y no es descartable que estemos frente a algunos de los nuevos tipos penales que dicen relación con el cohecho y con el tráfico de influencias.

• Cuando uno observa el caso Karen Rojo, en esa oportunidad fue pena de cárcel porque hubo una modificación legal que hizo más duras las penas para este tipo de delitos ¿En qué consistió esa modificación?

En el caso de Karen Rojo, y lo que les va a ocurrir a los que estén involucrados en el caso de Democracia Viva como Procultura, es que se van a aplicar los nuevos tipos penales. Este es un proyecto de ley que presentamos, y del cual soy autor, junto a otros senadores que estaban en la Comisión de Constitución, y que tenían por objeto actualizar el catálogos de delitos y penas en aquellos que tuvieran relación con delitos funcionarios. Ahí se subió por ejemplo las penas en los delitos de malversación de caudales públicos, porque tenían penas muy bajas. Y se crearon nuevas figuras penales en relación a delitos funcionarios y que probablemente son las que se tendrán que aplicar en este caso. Por ejemplo, tráfico de influencia y cohecho.

• ¿Usted cree que en el caso convenios va a terminar gente presa?

Sin duda. Yo creo que van a haber personas cumpliendo penas efectivas de cárcel producto del caso convenios. Vamos a tener a lo largo del país personas que van a ser detenidas y probablemente condenadas por estas nuevas figuras cumpliendo penas de cárcel.

• ¿Cómo se recomponen las confianzas con las instituciones por parte de la gente que vive en campamentos?

El segundo gran daño que hizo Democracia Viva tiene que ver con la credibilidad y la forma en la cual el Estado se va a realizar con la sociedad civil. La gente que vive en campamentos ve la danza de millones de pesos que se destinaron a convenios precisamente para que ellos puedan salir de las tomas y que no se ejecutó, se siguen preguntando porqué seguimos en estas mismas condiciones.

Por eso, además del daño realizado al Presidente Gabriel Boric, hubo un daño al tejido social pues va a ser muy difícil recuperar esa confianza. Ahora bien, no hay que meter a todas las fundaciones, pues hay algunas que sí hacen su trabajo.

Conversaba con gente que tiene otras fundaciones y comentaban lo complejo que se ha hecho recaudar recursos productos de este escándalo. Entonces, se ha hecho un daño profundo a la sociedad civil por parte de algunos militantes de Revolución Democrática.

• ¿Cuál es la discusión de fondo que abrió todo esto?

Creo que la discusión de fondo que no podemos seguir eludiendo es el tamaño del Estado. Por años se nos ha dicho que debemos restringir el tamaño del Estado, que este tiene mucha grasa; pero en la práctica, lo que ha ido ocurriendo es que esas funciones hay que cumplirlas, y el Estado termina externalizando esas funciones que debieran ser propias de la función pública.

Por ejemplo, en el Caso Convenios, el contratar fundaciones tiene que ver con que hoy el Serviu Antofagasta no tiene ninguna capacidad para resolver la demanda habitacional que hay en campamentos y de gente que está en comités de allegados. Entonces, se debe recurrir a esta fórmula (fundaciones) que per se no es una mala fórmula, pero lo que uno debiera discutir es si queremos que el Estado tenga un mayor tamaño o si queremos que se quiera seguir externalizando estos servicios.

Lo que falló aquí tiene que ver con que no se tomaron los resguardos suficientes para contratar fundaciones que hicieran la pega (sic), pues cuando esto mismo lo hizo Techo o Fundación Para la Superación de la Pobreza no hubo cuestionamientos al trabajo que estaban realizando.

• ¿Es necesario también que el Estado defina qué va a hacer con los campamentos en Antofagasta?

El gran problema que tenemos con los campamentos es que no existe una visión clara de qué hacer con ellos. Por distintas razones, el Serviu y otras autoridades, han dejado hacer y deshacer con el tema de campamentos, y eso llevó a que hoy tengamos una situación incontrolable.

Hasta el 2010 había una propuesta clara sobre qué hacer con los campamentos, sobre todo con el gobierno del Presidente Ricardo Lagos donde se impulsó la política de un «Chile sin campamentos» y se hizo un tremendo esfuerzo, pero después de eso no hubo claridad sobre qué hacer en los gobiernos posteriores.

Y por mucho que exista una definición política, si nosotros no tenemos una política habitacional que se haga cargo de la demanda efectiva de falta de viviendas en la región, obviamente van a seguir existiendo los campamentos. Entonces, aquí se cruzaron dos factores: la nula política de campamentos y que el Estado no fue capaz de construir las viviendas que se necesitaban en la región de Antofagasta.

• ¿Le llama la atención que siendo Antofagasta donde se origina el caso convenios todavía no hayan formalizados por parte del Ministerio Público?

Espero que la fiscalía pueda actuar con mayor rapidez en este caso. Efectivamente, Antofagasta es la zona cero y no se conoce que exista un mayor avance en la investigaciones que existen; además, teniendo en cuenta que en otras investigaciones que existen posteriores a esta en otras regiones, ya hay personas formalizadas y en prisión preventiva.

En esto, quiero hacer un llamado a la fiscalía a que -entendiendo la carga de trabajo que puedan tener- este es una causa prioritaria a la cual debieran destinar recursos adicionales con el objeto de tener mayor claridad, pues la gente en Antofagasta quiere respuestas, quiere saber qué pasó, quiere saber si efectivamente lo que hizo Democracia Viva y Procultura fueron delitos o no. Entonces, en ese sentido, es muy importante que a la brevedad la fiscalía pueda avanzar en esta investigación.