Con las fumarolas activas que se veían durante el sobrevuelo por el basural de La Chimba, la directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, constató la crítica situación que arrastra desde hace más de una década la comunidad que reside en torno al ex vertedero, quienes sufren por las quemas y el acopio ilegal de desechos en el extremo norte de Antofagasta.
El año pasado, la Gobernación Regional asignó millonarios recursos a la municipalidad para la construcción de un cierre perimetral que permita un mejor manejo del área y los espacios colindantes que continúan acumulando basura. Los dineros están listos a la espera de la licitación que corre por parte del municipio, sin embargo, la solución definitiva pasa por el saneamiento del terreno. Esta tarea comenzó en la segunda administración de Karen Rojo y debido a serias observaciones ambientales, el proyecto fue retirado y desde entonces no registra ningún avance significativo.
En este contexto y luego del gran incendio ocurrido a mediados del 2022, emergencia que incluso obligó la suspensión de clases en varios puntos de la comuna, el INDH decidió involucrarse en el caso y tras una avanzada que recogió los primeros antecedentes el mes pasado, su directora nacional viajó hasta la ciudad. El miércoles de la semana pasada se reunió con la comunidad afectada y también con autoridades.
En los días que estuvo en la región además participó en algunas actividades con Carabineros y alumnos de la escuela de formación, visitó el sitio de memoria La Providencia y estuvo con Elizabeth Andrade, premio nacional de DDHH 2022 quien vive en la comuna.
En su itinerario además registró un sobrevuelo por el área del basural La Chimba. Al contemplar el terreno desde esa perspectiva dijo que “es muy complejo. Vimos distintas fumarolas en la zona del ex vertedero y el tema de las quemas es muy peligroso porque hay humos tóxicos. También pudimos sobrevolar las piscinas aluviales, están llenas de basura y el peligro que existe en caso de un aluvión, es que junto con el agua y la tierra se arrastrarán residuos de construcción y domiciliarios. Por lo tanto, es importante la responsabilidad del sector privado, de las empresas constructoras y de los ciudadanos en el manejo de la basura, porque no solo afectará la zona que está alrededor del basural, sino que también a toda la ciudad».
- ¿Por qué el Instituto se involucra en lo que sucede en La Chimba, qué ven en este problema?
Por las noticias y todo lo que está ocurriendo nos dimos cuenta de que aquí podría haber una grave violación a los Derechos Humanos de los habitantes de las zonas cercanas al vertedero. Por lo tanto, en cumplimiento de nuestro mandato, dijimos que tenemos que ver cuál es la situación como algo prioritario, es grave lo que está pasando. Esta es la primera actividad de una nueva línea de trabajo que es del INDH en terreno, que está entre los innumerables otros trabajos del Instituto.
- ¿Qué reflexión tiene tras conocer La Chimba?
Me deja mucha preocupación, creo que hay graves vulneraciones a los Derechos Humanos, es histórico, viene arrastrándose por muchos años y las autoridades deben actuar de manera rápida y eficiente. Como dije en la reunión (con el gobernador regional) hay vulneración a una vida digna, a la salud, a la educación, a la seguridad. Son demasiados los derechos que están siendo vulnerados en esta zona de la ciudad producto de un vertedero que está cerrado, de los basurales ilegales que lo circundan y de tomas donde hay altos problemas de seguridad.
- Tras la reunión con el gobernador regional y equipos técnicos, ¿cómo observa el trabajo de las autoridades locales, ve algunas que estén en deuda?
No voy a juzgar a las autoridades, pero quedé muy impresionada con el trabajo en la reunión en la que vi a la autoridad regional en conjunto con los equipos sectoriales con una clara voluntad de dar respuesta al problema e iniciar lo más rápido posible las acciones para ello.
- ¿Qué gestiones puede hacer el Instituto para ayudar a resolver este problema?
El Instituto, como parte de su mandato, tiene levantar información respecto de violaciones de Derechos Humanos en el territorio nacional y hacer recomendaciones a los distintos órganos del Estado y del gobierno. Lo que haremos será evacuar un pequeño informe, de acción, con recomendaciones para que sean llevadas adelante por las distintas autoridades y realizaremos un seguimiento de ellas.
- ¿Cree que de no concretarse una solución esto pude terminar con demandas contra el Estado?
Sin lugar a duda puede dar pie para demandas contra el Estado. De hecho, los vecinos pueden presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pueden iniciar acciones legales en el país por incumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de protección a los Derechos Humanos.
