Los parlamentarios de la UDI fueron los primeros en presentar una querella tras la publicación que detallaba los recursos que recibió la fundación Democracia Viva por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta para ejecutar tres convenios en campamentos. Los antecedentes de esa acción judicial, interpuesta en un tribunal de la Región Metropolitana, fueron remitidos a la región una vez que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio por los mismo hechos. Ya como parte querellante, el partido anunció la creación de un equipo de abogados que revisará convenios entre organizaciones civiles que percibieron dineros del Estado y entre sus profesionales seleccionaron a Pablo Toloza.
El militante fue gobernador e intendente de Antofagasta y también integró la Convención Constitucional como el único representante de la derecha en la región. “En esto queremos ser muy claros, creemos en el rol fundamental que tiene la sociedad civil y la tarea que realizan las fundaciones, por ello, queremos ser sumamente cuidadosos en no disparar a la bandada y ver las situaciones una a una”, manifestó Toloza.
El abogado sostuvo que como antofagastino estará encargado de llevar adelante la querella en la zona y que, como equipo indagaran convenios de fundaciones utilizando filtros muy claros. Uno de ellos es pesquisar organizaciones que registren una fecha de creación muy cercana al periodo en el que percibieron platas del Estado. Otro aspecto que buscarán será la ampliación de giros una vez que los dineros ingresaron a las fundaciones, como ocurrió con Democracia Viva.
El exconvencional indicó que recibieron datos de una fundación en Atacama que se habría adjudicado fondos para disponer de camiones aljibes y de acuerdo con su giro, es una organización dedicada a la veterinaria. “Entonces son una serie de circunstancias y por eso se determinó este equipo para revisar no tan solo las fundaciones que han tenido convenios con Minvu o Serviu, también eventualmente con otros ministerios y no solo en la región de Antofagasta, ya que, al parecer, esto pudiera ser un modus operandi”, advirtió.
- ¿Por qué la UDI presentó una querella en este caso?
La querella se presentó la semana pasada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, antes de que el fiscal regional Alberto Ayala dispusiera abrir una investigación de oficio. El objetivo era que se pesquisaran los hechos que dio a conocer Timeline y que fueron reproducidos en todo el país. Los diputados de la UDI fueron los primeros en interponer acciones legales y a raíz de eso, el Octavo Juzgado de Garantía y a pesar de que el domicilio de la fundación está en Ñuñoa, remitió los antecedentes al Tribunal de Garantía de Antofagasta, ya que los hechos a investigar ocurrieron en la ciudad.
- ¿Cuál es la intención del partido con esta querella?
La intención es simple, estimamos que el país no resiste más una serie de circunstancias que han sucedido en último tiempo y se requiere de la mayor transparencia posible. Hasta presentada la querella, lo que se conocía era lo que este Medio había publicado, así que el hecho periodístico debía que ser investigado por el Ministerio Público. Ahora las pesquisas están en manos del fiscal Aguilar y como parte querellante vamos a solicitar que se realicen ciertas diligencias que estimamos necesarias para esclarecer totalmente la información que todos conocemos.
- ¿Qué función tiene el equipo de abogados que reunió la UDI para indagar convenios?
El partido dispuso la creación de un equipo jurídico compuesto por tres abogados donde también está Carlos Oyarzún, asesor legislativo y que trabajó en el Ministerio de Educación; junto a Teresita Santa Cruz, directora del departamento legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. La primera función del equipo que me toca encabezar por cuanto la investigación es en Antofagasta, es llevar adelante la querella, solicitar diligencias y coadyuvar en el trabajo que realiza el fiscal. La segunda función, en la que tienen más participación Oyarzún y Santa Cruz, es investigar todas aquellas fundaciones que eventualmente, al igual que Democracia Viva y otras conocidas ahora, han operado de la misma forma. En esto queremos ser muy claros, creemos en el rol fundamental que tiene la sociedad civil y la tarea que realizan las fundaciones, por ello, queremos ser sumamente cuidadosos en no disparar a la bandada y ver las situaciones una a una. Hay una serie de fundaciones que han recibido fondos, pero además ocurre que tras la situación que dio a conocer este Medio en Antofagasta, no enteramos cada vez más de situaciones que parecieran son similares en el Maule. De hecho, la fiscalía de esa zona dispuso una investigación; hoy nos enteramos de una fundación en Atacama que se habría adjudicado unos fondos para disponer de camiones y de acuerdo con su giro, es una fundación que está dedicada a la veterinaria. Entonces son una serie de circunstancias y por eso se determinó este equipo para revisar no tan solo las fundaciones que han tenido convenios con Minvu o Serviu, también eventualmente con otros ministerios y no solo en la región de Antofagasta, ya que, al parecer, esto pudiera ser un modus operandi. La idea es llegar a conocer si ciertas fundaciones cumplieron o no sus funciones bajo circunstancias que serían parecidas.
- ¿Cuál es el filtro para la revisión?
Primero, fundaciones creadas en una fecha muy cercana a la que reciben los fondos millonarios; otras fundaciones cuyo giro era otra función y que una vez que reciben los recursos, ampliaron su giro. Eso como primer filtro, pero demás, conocer a qué se destinaron estos recursos. Es distinto que a una fundación se le entreguen fondos para asentamientos precarios y habilitación, a que se concedan platas para hacer estudios sobre riesgos. Por ejemplo, en el caso de Antofagasta, si se entregaron muchos recursos para esto, la verdad es que todos sabemos los riesgos que tienen los campamentos, las compañías de servicios sanitarios y eléctricos han manifestado reiteradamente los riesgos por intervenir las aducciones de agua o por la instalación de viviendas bajo las líneas de alta tensión. Hay fallos de la Corte Suprema que hacen referencia a estas situaciones, por lo tanto, si se dispusieron recursos para esos estudios no tiene mucho sentido. Éste sería un segundo filtro, para qué fueron entregados los fondos.
- ¿Este trabajo de revisión de las fundaciones que reciben recursos incluye también aquellas relacionadas con su sector político, la derecha?
Como dije al comenzar, el país está en una situación en la que la ciudadanía no resiste más lo que está ocurriendo. El descrédito no es solo de la política, sino de muchas instituciones y, por tanto, no podemos segregar si solo está involucrada una parte. Lo que se requiere y por eso la UDI presentó la primera querella tras el reportaje, es llegar al fondo de esto. Son recursos públicos destinados a solucionar problemas, porque tenemos 85 asentamientos precarios en Antofagasta, más de 7.300 familias viven en estos campamentos y no es razonable que se despilfarren los pocos recursos que tiene el país. En ese sentido, hay que investigar todo.
- En su calidad de abogado y con experiencia en el servicio público, según los antecedentes que se conocen del caso entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, ¿qué tipo de cuestionamientos observa, éticos o legales?
Creo que se configuran ambas cosas. En primer lugar, hay algo que llama poderosamente la atención, fui intendente, gobernador y nunca había visto que personas contratadas por fundaciones estuvieran en el servicio público y, además, que se arrogaran calidades que no corresponden. Es gravísima la información respecto de una persona que es contratada para ejercer funciones de jefatura, en definitiva, eso no corresponde, es absolutamente ilegal. Habría que ver qué tipo penal se configura y, por otra parte, si se otorgan recursos a una fundación para que ejecute ciertos trabajos y los montos no dicen relación con los trabajos realizados, obviamente hay una malversación de fondos públicos. Ya no solamente es un tema ético, hay temas penales. La resolución de la Contraloría General de la República que congela todos los traspasos de dineros a fundaciones es porque el cuestionamiento no es ético, sino que a raíz de todo lo conocido, a lo menos la Contraloría advierte problemas administrativos. Con todo esto se configura un cuadro distinto, el Servel acaba de emitir una declaración respecto de los fondos que Democracia Viva utilizó en la campaña del Apruebo. Hay una serie de circunstancias, tal cual lo señalaba Teresita Santa Cruz, acá no solo estamos viendo que más temas que pudieran ser administrativos, penales, también hay temas tributarios. Se entregaron recursos a fundaciones que no tenían el giro tributario respectivo. Uno que conoce la administración pública sabe lo difícil que es entregar adelantos a una empresa. A las compañías constructoras que hacen caminos lo que les cuesta conseguir esas platas porque tienen que ser sumamente justificadas, van en porcentajes y aquí se otorgó el total.
También es muy extraño que se realizaran estos convenios de forma continua al objeto de eludir la acción de la Contraloría. Si hubiese sido un solo contrato, lo más probable es que la Contraloría no tomaba razón de los decretos y al menos habría pedido que la fundación dejara una boleta de garantía. El ministro solicitó que reintegraran los fondos, lo hace porque no tiene ninguna otra forma de resarcirse de los recursos. Cuando te otorgan un adelanto entregas una boleta y si no cumples se hace efectiva esa garantía bancaria. Creo que no tan solo hay un tema ético, también hay cuestiones administrativos, con una investigación penal en curso en la que el Ministerio Público evaluará si se configuran delitos. Son bastantes los antecedentes para determinar que esto no solo es un reproche ético.
