El diputado Jaime Araya (PPD) asumió la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y detalló que una de las iniciativas más importantes que verán este año será la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que por el momento está en el Senado. El legislador aseguró que para salir de los problemas que presenta la permisología y que afectan la inversión en el país, “soy partidario de simplificar toda la obtención de permisos, pero asimismo sancionar con penas de cárcel a los ejecutivos de las empresas que dañen el medio ambiente”.
Araya sostuvo en materia de proyectos, quienes cumplen con la normativa deben contar con todos los incentivos para desarrollar su inversión, mientras que las empresas que no lo hagan debería recibir penas drásticas, para así desincentivar la elusión, el fraccionamiento y el incumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental. En la misma línea anunció que estudian acciones legales contra los ejecutivos de Codelco por incumplimientos en el plan de descontaminación ambiental que comenzó, tras 14 años de trámite, el 2024 en Calama.
En su presidencia, el legislador indicó que pondrán el foco lo que, haciendo el gobierno, los gobiernos regionales y los municipios en materia de acuerdos de producción limpia. Esto lo considera una mirada importante respecto de cómo las industrias se relacionan con las comunidades, de lo cual hay experiencias relativamente exitosas.
“Y la tramitación habitual de los proyectos de ley y probablemente uno de los temas más relevantes que nos llegará será la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que entiendo está en la Comisión de Hacienda del Senado y que en marzo debería despacharse a la Cámara”, puntualizó.
- ¿Qué valoración tiene del SEA?
Hay un proyecto de reforma al Servicio de Evaluación Ambiental y queremos mirar con mucha atención qué es lo que viene del Senado, para que tengamos un sistema de evaluación que sea un equilibrio razonable en la entre la inversión y la protección al medio ambiente. Necesitamos reglas claras que faciliten la inversión privada, pero que sean muy duras en sancionar a quienes incumplan sus obligaciones ambientales. Esto nos permitiría reducir los tiempos de tramitación y obtención de permiso, avanzar a un modelo distinto al que tenemos hoy que se basa prácticamente en la desconfianza y por eso se solicitan tantos permisos. Además, no tiene un régimen de sanciones como corresponde, soy partidario de simplificar toda la obtención de permisos, pero sancionar con penas de cárcel a los ejecutivos de las empresas que dañen el medio ambiente. Si no avanzamos en una norma de esta naturaleza seguiremos enredados en esto de la permisología que tanto daño ha hecho al crecimiento económico del país.
- ¿Como antofagastino está conforme con el desempeño histórico del SEA?
No. Hay muchos proyectos que han sido cuestionados y algunos que nunca tuvieron que aprobarse en los que lamentablemente el SEA no estuvo a la altura. Espero que la reforma que se está tramitando en el Congreso dé cuenta de un Servicio de Evaluación Ambiental que sea moderno y que actúe sobre la base de construir confianzas. El que cumple debe contar con todos los incentivos para desarrollar su inversión y al que no cumpla asignar penas muy drásticas, para desincentivar la elusión, el fraccionamiento y el incumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental.
- Anunció que estudia acciones legales contra ejecutivos de Codelco. ¿De qué se trata aquello?
Estamos trabajando en dos líneas y la primera es buscar responsabilidades penales producto de todo lo que se ha incumplido históricamente en Calama. Particularmente, por el incumplimiento de las medidas provisionales que están contenidas en la tramitación del plan de descontaminación ambiental de Calama. Esas medidas son del año pasado, fueron publicadas en Diario Oficial y había un compromiso expreso de instalar una red de monitoreo y calidad de control del aire, de hacer un programa de barrido y calle, dictar la norma de arsénico en el aire y no se ha cumplido.
Vamos a perseguir responsabilidad penal, porque esto impacta negativamente en la salud de quienes viven en Calama, particularmente en los niños, niñas y adolescentes. No seré cómplice por omisión del tremendo crimen ambiental que se está cometiendo en Calama por parte de los ejecutivos de Codelco, porque tengo la impresión de que deliberadamente no quieren se mida la calidad del aire en Calama para no revelar que se está infringiendo todo tipo de normativa en control de aire.
Lo segundo es que estamos evaluando llevarlos instancias internacionales, porque hay directrices que regulan las actuaciones de las empresas transnacionales y en ese caso Codelco debe estar sometido a ese régimen. Estamos haciendo estas evaluaciones, porque no es aceptable lo que está haciendo Codelco en Calama. La Comisión de Medio Ambiente ha acompañado la construcción del plan de contaminación ambiental de Calama, hay que recordar que esto lleva más de 14 años de tramitación. El plan de contaminación que se había aprobado fue derribado por las organizaciones sociales ambientales, básicamente, porque era un plan que hacía cualquier cosa menos prevenir la contaminación. Y la instalación de las estaciones de monitoreo era una burla. Desde ese punto de vista, la comisión en una de sus sesiones invitó a los ejecutivos de la estatal, escuchamos al alcalde de Calama y luego la comisión se trasladó a esa ciudad. Constantemente he oficiado y acompañado la construcción de este plan de monitoreo, siendo muy crítico de las medidas provisionales, las que consideraba mínimas, pero apoyé que se implementaran, aunque siento que se faltó a la confianza y la buena fe.
- ¿Hay algún plazo para estas acciones?
Estamos trabajando intensamente en ello, de hecho, tenemos una planilla de seguimiento de las medidas del plan provisional. En noviembre mandé un oficio que fue contestado a fines de diciembre por el Ministerio de Medio Ambiente y esperamos un plazo prudente de 60 días para ver si se cumplía lo comprometido para el año 2024, pero eso lamentablemente, en gran medida no se cumplió.
Comisión Investigadora Listas de Espera
- ¿Qué conclusiones quedaron tras la sesión de la comisión investigadora por las listas de espera que estuvo en Antofagasta, donde expusieron las direcciones del Hospital Regional y el Servicio de Salud?
Hay dos temas críticos en las listas de espera del hospital y el más importante es el número de personas afectadas, son más de 100 mil entre consultas especialistas, resolución quirúrgica y odontológica. En mi opinión esto tiene dos causas que quedaron patentes en la sesión. Una pasa por los incumplimientos reiterados e impunes de la concesionaria y la falta de médicos especialistas. Dentro de las conclusiones nos preocuparemos en poner el foco en la falta de fiscalización de un contrato absolutamente asimétrico que favorece los intereses de Sacyr, que es dueño de la concesionaria del Siglo XXI y que perjudica a todos los que se atienden en el Hospital Regional de Antofagasta.
Esta situación tiene que cambiar, acordamos enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que estudien el contrato y evalúen qué modificaciones pueden efectuarse para que sea mucho más equilibrado. Lo segundo, sabiendo que la formación de médicos especialistas es compleja y no es inmediata, tenemos que apuntar a buscar espacios de colaboración público privada para agilizar las intervenciones y las horas de especialistas médicos. En eso tenemos que abrirnos a todo tipo de alternativas y colaboración entre el sector público y el privado porque es una urgencia. Los temas más complejos que tenemos son la seguridad y las listas de espera en salud, son temas ineludibles para trabajar con celeridad. Además, estamos en el último año del gobierno y tenemos que poner el pie en el acelerador para dejar resuelto este tema antes de que termine la administración.
Recursos hay en la región y si hay voluntad en los distintos niveles, espíritu de colaboración cuando se entiende el drama que hay detrás de las esperas de hasta diez años, hay que hacer conciencia de la urgencia y trabajar de manera coordinada, dejando de lado las diferencias políticas para sacar adelante el desafío de cerrar la brecha de listas de espera. Y un tema relevante para visibilizar es que hay una empresa española que se llama Sacyr, que es dueña de la concesionaria Siglo XXI y es la que tiene que hacerse responsable de ejecutar un contrato de buena fe.
Para nosotros no pasa inadvertido la complicidad de la dirección nacional Concesiones del MOP. Pedí en julio que me informaran las multas cobradas a la empresa por incumplimiento y sistemáticamente se ha negado esa información. Tenemos que buscar esa información por nuestra propia cuenta, porque el correo basura que nos enviaron como respuesta al requerimiento nos permitió darnos cuenta de que hay una red de protección para los incumplimientos de Sacyr y eso me parece que raya con la corrupción. En eso también estamos haciendo una investigación profunda y que probablemente terminaremos denunciando en la justicia. No puede ser que tengamos gente llenándose los bolsillos de plata a costa del sufrimiento de las familias de Antofagasta.
- ¿Qué tan realistas es la posibilidad que se ha planteado de terminar la concesión?
Es una posibilidad que está abierta, vamos a trabajar en la línea de llevarlos antes organismos internacionales, porque no puede ser que una empresa española haga Antofagasta lo que jamás haría en España. Eso es inaceptable y Sacyr es una empresa de capitales españoles que tiene muchos contratos de concesiones en Chile y debemos levantar esta alerta. No es razonable que el fisco de Chile siga adjudicando concesiones a una empresa con este comportamiento en el Hospital Regional.
