Tomas VIP: Abogado anuncia acciones legales tras demolición de vivienda en el sector sur de Antofagasta

El exseremi de Bienes Nacionales y exministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Daniel Guevara, anunció que presentará acciones legales contra la Delegación Presidencial Regional por la orden de desalojo y destrucción de una vivienda en el sector sur de Antofagasta. La repartición de gobierno ejecutó el jueves pasado la restitución de un terreno fiscal en el Huáscar, ocupación en la que estuvo involucrada una dirigente del Partido Socialista (PS) y que, a juicio del abogado, fue una situación que “en el ámbito del derecho hubo un abuso de comportamiento de parte de la autoridad”.

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Durante el gobierno de Ricardo Lagos, Guevara, doctor en Derecho, dirigió la cartera regional de Bienes Nacionales y aseguró que la Delegación Presidencial no tiene atribuciones para una demolición como la ocurrida frente al camping municipal, donde se destruyó la vivienda de Jacqueline Santander (PS) y se derribaron panderetas de cemento que cerraban un paño en proceso de ocupación. Bienes Nacionales declaró que notificaron hasta en cuatro oportunidades el desalojo del terreno, explicando que no permitirían su regularización, porque incluso, una parte del predio está fuera de loteo y aquello no permite ningún tipo de construcción.

“Que no nos venga a decir Bienes Nacionales que está totalmente en contra de las tomas, cuando se ha reconocido a quienes tienen voluntad de regularizar, fijando derechos compensatorios ya sea, en materia de vivienda, industria, uso minero o de áridos. Entonces, qué hay de diferente en esta actuación que hace que Bienes Nacionales y la Delegación Presidencial actuaran con la brutalidad que se realizó”, alegó el abogado.

• ¿Representa solo a Jacqueline Santander o más personas de ese sector?

Me ha pedido la representación un grupo de siete personas ocupantes de terrenos en el sector del Huáscar (sur de Antofagasta), incluyendo a la excandidata a senadora por el Partido Socialista -Jacqueline Santander- con quien competimos en la elección senatorial. Hay que recordar que fui candidato independiente en cupo de Chile Vamos, competí con ella y para mi sorpresa, hoy en mi condición de ejercicio libre de la profesión, recibí la solicitud de una candidata con la cual me tocó estar en veredas opuestas pidiendo mi apoyo como abogado. Desde ese punto de vista busco honrar mi profesión de defender a quien se ve afectado por un acto que en mi opinión es arbitrario, ilegal y desigual.

• ¿Ofreció sus servicios o lo contactaron?

No, ella me contactó y tuvimos una reunión de trabajo el miércoles de la semana pasada y cuál fue mi sorpresa que el jueves ella me muestra un video en el que va una máquina retroexcavadora no solo a ordenar un desalojo, sino la destrucción de la propiedad. Los bienes que se encontraban en ese terreno eran de su propiedad, ella había constituido morada y me parece grave e inaceptable que con un decreto ley de la dictadura, un gobierno de izquierda, que en teoría defiende la inclusión y el derecho a la vivienda, haciendo uso de este decreto, imponga de una manera extrema, como ni en dictadura se hizo, máquinas para destruir. Además, leyendo algunas declaraciones de prensa, uno logra advertir que hay un ajuste de cuentas políticas, especialmente dentro del actual gobierno y uno de los partidos clave que es el PS.

• ¿Qué tipo de acción judicial es la que estudia?

Hay varias acciones. Lo primero es identificar el amparo constitucional de los derechos que tiene no solo mi representada Jacqueline, sino otros vecinos, como Eric Lang, Suazo, que han recurrido a mí y que estoy representando. Ante esta situación, lo que hay que plantearse es si tiene atribuciones la delegada presidencial para ordenar un desalojo, destrucción y demolición de la propiedad privada mueble. La propiedad fiscal inmueble no está discutida, pero ¿tiene esa atribución o es de los tribunales de justicia? Recientemente, la tercera sala de la Corte Suprema ha indicado que al poder del Estado que le corresponde ordenar, instruir un desalojo y eventualmente una demolición como lo ocurrido, es al Poder Judicial. Acá lo que hay es una acción de notable abandono de deberes de la delegada presidencial, el haber abusado de un decreto ley de la dictadura para imponer acciones que vulneran los derechos constitucionales de mis representados, además, generando daños a la propiedad privada mueble. Entonces hay acciones constitucionales, penales y eventualmente civiles que tienen toda la atribución de ser ejercida por parte de mi representada y estamos evaluando su desarrollo progresivo en el curso de los próximos días.

• ¿Cuál es el principal argumento para sostener el inicio de acciones judiciales?

La demolición no está autorizada dentro de las atribuciones de la delegada presidencial. Tiene atribuciones exclusivamente respecto a bienes nacionales de uso público, no respecto a bienes fiscales. Además, existe en eso una invasión a las atribuciones que le corresponden al Poder Judicial. Lo que esperamos es que una Corte de Apelaciones restablezca el imperio del derecho, donde en un país democrático, hay poderes a los que les corresponden supervigilar y a otros definir y decidir controversias entre derechos. En este caso, lo que hace la autoridad, la Delegación Presidencial, es constituirse en un tribunal de justicia y eso es totalmente contrario a derecho.

Y quiero agregar algo no menor, el Ministerio de Bienes Nacionales en todo tiempo reconoce situaciones de irregularidad porque basta mirar el catastro de actos de arriendo del ministerio para ver que Bienes Nacionales, incluso, reconoce la ocupación anterior ordenando compensaciones dentro de los actos jurídicos de contrato de arriendo. Que no nos venga a decir la seremi de Bienes Nacionales actual, que Bienes Nacionales está totalmente en contra de las tomas, cuando se ha reconocido a quienes tienen voluntad de regularizar, de sanear la ocupación, fijando derechos compensatorios ya sea, en materia de vivienda, industria, uso minero o de áridos. Entonces, qué hay de diferente en esta actuación que hace que Bienes Nacionales y la Delegación Presidencial actuaran con la brutalidad que se realizó. Claramente hay intereses que están en el ámbito de lo político, pero en el ámbito del derecho hubo un abuso de comportamiento de parte de la autoridad.

• ¿Contra quién será la actuación?

En principio contra quien ordena la ejecución, la Delegación Presidencial; quien la solicita, el Ministerio de Bienes Nacionales, la fuerza policial actúa en cumplimiento de. Sí habría que preguntarse por qué razón Carabineros, cuando se produce esta destrucción de una propiedad privada y ocurre en las siguientes 48 horas un hurto de todos los bienes y enseres. En el primer momento que se produce la invasión a esta ocupación, se desarrolla un hurto a vista y paciencia de la autoridad, de Carabineros. Eso es increíble, no solo se destruyó la propiedad, hubo un hurto masivo, poco menos que alentado por la autoridad. Creo que el rol de festinaje político del alcalde Jonathan Velásquez también raya en el abuso de lo que corresponde a una autoridad.

• Según lo que ha conversado con quienes representa, ¿son totalmente víctimas de lo ocurrido o existe algún mea culpa?

La vía de la ocupación irregular en el norte es mucho más común de lo que pensamos y sería sorprendente ver que alguna de las grandes multinacionales y grandes empresas que tenemos en la región de Antofagasta no tienen todos los terrenos regularizados. Algunos ocupan servidumbres mineras cuando en realidad sus instalaciones y funcionamiento no corresponden a servidumbres. Acá hay irregularidades en los chicos, en los medianos y en los grandes y, efectivamente, tiene que haber un ordenamiento en el uso de la propiedad fiscal y se lo he señalado a mi clienta, no discuto que en el acceso a la propiedad fiscal deberíamos tener un Estado más ágil y una mayor paciencia del ciudadano frente a los procesos públicos. Pero la paciencia tiene sus límites, quiero decir que sí, más que discutir o justificar los hechos, lo que estoy discutiendo es el método y la verdadera masacre de atribuciones que se ejercieron o portonazo administrativo respecto a Jacqueline Santander y otros vecinos del Huáscar.

• ¿Cuál es la diferencia entre una toma y una ocupación ilegal?

La ocupación es un uso regular y continuo, donde incluso como en este caso, se construyó a vista y paciencia del dueño. No estamos en presencia de algo en lo que hay una accesión del bien mueble con respecto del bien inmueble. Esto es bastante jurídico, antiguo y propio del derecho romano. Lo que quiero decir es que la ocupación, de eso trata el tema y para disponer de un inmueble hay actos judiciales respecto a los actos posesorios que están en el antiguo código civil y eso es lo que uno tiene que revisar y por eso es una materia evidentemente de conocimiento de los tribunales de justicia.

• ¿Cómo se puede explicar a la comunidad que quien ocupa un terreno pueda luego interponer acciones judiciales contra el Estado?

El crecimiento y desarrollo de Antofagasta, Calama, Tocopilla, en muchas poblaciones es resultado de una ocupación, posterior saneamiento y regularización. No significa que esté favoreciendo las tomas y cuando fui seremi de Bienes Nacionales me preocupé de, por ejemplo, generar una importante oferta de suelo fiscal para el desarrollo de programas habitacionales, 80 hectáreas en el sector de La Chimba. No basta decir lo que debe decir la ley, hay que mejorar la oferta de suelo fiscal y desde ese punto de vista, creo que el Ministerio de Bienes Nacionales está fuertemente al debe.

• Mencionó que había una especie de operación política interna, ¿a qué apunta con ello, esa información se la entregó su representada o cómo percibe que sería una maquinación de ese tipo?

Por la información que me ha entregado mi cliente, más aquello que he podido leer en la prensa y el verdadero festinaje de esta actuación ilegal por parte del alcalde de la ciudad. Vemos que, por una parte, hay una vendetta, un ajuste de cuentas políticas y por otra, un aprovechamiento al máximo, que algunos lo podrán celebrar como una jugada ideal. Pero todo esto tiene consecuencias, si dejamos que sean las autoridades político-administrativas las que tengan la atribución para desalojar, destruir, generar demoliciones y no esperamos que sean los tribunales de justicia, estamos mucho más cerca de una tiranía que de una verdadera democracia.

• Si este mismo caso hubiese ocurrido en su época al mando de Bienes Nacionales en la región, ¿habría permitido regularizar el terreno?

Las regularizaciones son un plan permanente como política nacional del Ministerio de Bienes Nacionales, a tal punto, que existe también un decreto ley del tiempo de la dictadura, el 1.239 de Bienes Nacionales, sobre saneamiento de títulos de dominio. Estamos hablando de que la regularización no es una política arbitraria, incluso está regulada en instrumentos legales que rigen y están vigentes.