Entre el 7 y 8 de noviembre, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) supo el resultado de las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República en sus 15 secretarías regionales ministeriales a raíz de lo sucedido con Democracia Viva. Dichos informes, en general, revelan que las irregularidades presentes en el caso que estalló en Antofagasta se replicaron en diferentes regiones del país.
Si bien se espera que el contralor Jorge Bermúdez ahonde este jueves en la materia durante la Comisión Investigadora de la Cámara Baja, el Minvu ya emitió un comunicado en el que asegura que “las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas por este ministerio”.
En el documento de nueve puntos, el organismo señala que han colaborado con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría, estableciendo a su vez responsabilidades políticas y administrativas, como la salida del seremi Carlos Contreras.
“Asimismo, desde un principio, planteamos que el modelo de transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, que inicia su relación con instituciones sin fines de lucro en 2019 y que fue utilizado por las últimas administraciones ministeriales, incluyendo ésta, requería de un estándar mayor de control”, sostiene.
Agregando que “dicho modelo presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva, entre ellos, la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones, lo que llevaba a no exigir antigüedad y experiencia comprobable a dichas organizaciones y sus equipos; la ausencia de un registro de fundaciones; la no estandarización de los convenios de transferencias; la falta de obligatoriedad en la exigencia de boletas de garantías; y una deficiente forma de rendir los recursos, entre otras falencias”.
En este sentido, explica que están implementando una agenda de modernización con 19 medidas para el rediseño del programa y que a la fecha han puesto término a 11 convenios por diversos cumplimientos administrativos, aunque quedan siete en proceso de revisión.
“No vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamos a perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de las instituciones correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales”, subrayan.
