La Contraloría Regional remitió al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público la información levantada durante una auditoría al Gobierno Regional (Gore), instancia en la que fiscalizó la revisión de las rendiciones de recursos transferidos entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de julio del 2023. Entre sus conclusiones, el organismo de control sostuvo que el Centro Científico Tecnológico Región de Antofagasta (Cicitem) tendrá que reintegrar más de cuatro millones de pesos por tratarse de gastos improcedentes. Y entre otros puntos, el informe también dio cuenta de discrepancias entre los montos aprobados por el Gore en la liquidación y los gastos rendidos en el convenio con la Fundación ProCultura, ya que, luego de corregir dichas diferencias, “se evidencia la incorporación de gastos que no fueron considerados en la liquidación inicial, lo que impide a esta Contraloría Regional identificar si esos desembolsos fueron efectivamente rendidos por la fundación”.
El informe final de la auditoría N° 417 fue entregado al Gore el pasado mes de diciembre. La tarea del organismo de control fue fiscalizar el proceso de revisión de las rendiciones de gastos de los dineros que el Gobierno Regional transfiere a entidades privadas. En específico, el trabajo fue para constatar si las rendiciones aprobadas estaban debidamente acreditadas y comprobar si los gastos rendidos se enmarcan en los objetivos y actividades establecidas en los respectivos convenios.
La auditoría tuvo seis resultados principales y por cuatro de ellos, entre los que aparecen las revisiones a ProCultura, la Contraloría ordenó sumarios administrativos en el Gore y resolvió enviar el informe al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. En el caso del Centro Científico Tecnológico, la auditoría aparece justo antes de que el gobernador regional Ricardo Díaz presentará una denuncia en la fiscalía por fraude al fisco y malversación, la cual apunta a su gerente general, Rubén Rojo.
CICITEM
“De la revisión a las rendiciones de los recursos otorgados a Cicitem, aprobados por el Gore, se constató que rindió gastos no contemplados dentro de los presupuestos y definiciones de ítems de gastos presentada por esa entidad privada para obtener los recursos”, precisó la auditoría. Luego de analizar los descargos, el organismo de control indicó que los gastos improcedentes son por la suma de $4.342.565. De esa cifra, dice el documento, el Gore, reconoció la improcedencia de $2.528.848, mientras que para la suma de $1.813.717 no aportó antecedentes que permitiera constatar la pertinencia de estos.
“En mérito de lo expuesto, corresponde mantener la presente observación. Por lo tanto, procede que el Gore acredite la materialización del reintegro por $4.342.565, detallados en el anexo N° 10.1 de este documento, por tratarse de gastos improcedentes”, ordenó la Contraloría Regional.
PROCULTURA
También se auditaron las rendiciones del convenio con ProCultura, al que se destinaron 629 millones de pesos para la “Recuperación de fachadas zona de conversación histórica”. Sin embargo, en octubre del 2023 y luego del término anticipado del convenio por no cumplir sus objetivos, el Gore presentó una querella contra la fundación para resguardar que los recursos públicos fuesen reintegrados por la ONG que en noviembre de ese año terminaría cerrando totalmente su funcionamiento.
A la organización se habían traspasado 460 millones de pesos en una sola cuota para ejecutar el proyecto y en la liquidación del convenio se aprobaron gastos por $86.997.500 -de las rendiciones presentadas por $110.082.411. Los recursos no utilizados fueron $373.002.500, los que ahora son objeto de un juicio civil para su recuperación.
La Contraloría constató que en la liquidación se consideró la suma de $14.797.500, pero ésta no fue rendida por la fundación. Y como ejemplo, señaló que en las rendiciones tenidas a la vista no se advierten gastos por concepto de difusión, sin embargo, en la liquidación del convenio tal concepto sí se incluyó por la suma de $3.300.000.
Para el organismo de control, el hecho aprobar mayores gastos en la liquidación del convenio de los efectivamente rendidos por la fundación implicó que para efectos de determinar las utilidades -ascendentes a $9.060.000-, la base de cálculo -que considera todos aquellos desembolsos aprobados- fuera mayor a la que correspondía, por lo que el monto por tal concepto resultó improcedente. Lo expuesto, añade, además de demostrar irregularidades en el proceder de la confección de la liquidación del convenio, constituye una falta a la obligación que tiene todo funcionario público de adoptar las medidas de cuidado y resguardo necesarias del patrimonio y bienes públicos.
El documento se informó que el Gore corrigió dichas diferencias acompañando solamente una planilla Excel con nuevos cálculos, en la que se observa la aprobación de $87.949.564.
“Ahora bien, de la revisión al nuevo cálculo, si bien se advierte en parte la exclusión de los aspectos observados por esta Sede Regional en los literales i) e ii), también se evidencia la incorporación de gastos que no fueron considerados en la liquidación inicial, lo que impide a esta Contraloría Regional identificar si esos desembolsos fueron efectivamente rendidos por la fundación. De igual modo, se advierte que la base de cálculo para determinar las utilidades fueron distintas y además varió el porcentaje inicialmente considerado del 12% a un 14,15%, sin contar con antecedentes en esta instancia, que justifiquen el cambio en ese ítem. En mérito de lo expuesto, y considerando que el recalculo de la liquidación de fondos del convenio, carece de antecedentes de su composición, corresponde mantener la observación en todos sus términos”, se lee en la auditoría.
En las conclusiones, el informe apuntó que en las debilidades en el proceso de revisión de las rendiciones de recursos presentadas al Gore; falta de supervisiones periódicas que le permitan verificar el cumplimiento de las iniciativas; incumplimiento del calendario de actividades presentados por las entidades privadas; retraso y falta de antecedentes de la ejecución de las actividades a desarrollar por parte de la Fundación Procultura; incumplimiento por parte de la Fundación Procultura en la presentación de los informes por etapa, establecidos en su carta Gantt; inexistencia de antecedentes que den cuenta de la efectiva ejecución del programa; el Gore deberá instruir un sumario administrativo para de investigar eventuales responsabilidades administrativas.
MEDIDAS DEL GOBIERNO REGIONAL
El Gobierno Regional comunicó que, de los 1.098 proyectos adjudicados en el periodo de estudio, que totalizan más de 48 mil millones de pesos, actualmente solo hay reparos a menos de diez organizaciones.
La entidad pública detalló las acciones realizadas en este sentido, manifestando el inicio de las investigaciones sumarias exigidas por Contraloría para determinar la responsabilidad de los funcionarios y jefaturas a cargo de revisar las rendiciones. El diseño de mayores mecanismos de control y supervisión, además de reforzar la capacitación de los funcionarios que intervienen en los procesos de evaluación y rendición de los proyectos. La elaboración de los manuales de procedimientos y solicitud de autorización para contratar más profesionales a fin de aumentar las inspecciones en terreno de los proyectos.
“Igualmente se debe señalar que a la fecha se ha cumplido con la totalidad de los plazos para levantar observaciones asociadas a exigencias impuestas por el ente contralor, a lo cual se ha dado respuesta a través de la plataforma de seguimiento y control que administra Contraloría, sin recibir nuevas observaciones”, detallaron desde el Gore.
También enfatizaron que el Gobierno Regional ha cumplido con la normativa vigente y que muchas de las medidas comenzaron a aplicarse con posterioridad a la firma de los convenios y que debido a cambios en la ley su obligatoriedad fue posterior, por lo que contraloría no detecta irregularidades, sino que señala que faltan más respaldos. Por ejemplo, la entrega de la copia de factura y cuando se pide la original o se entregas de forma digital cuando deben ser en papel físico, cuestionamientos de forma, debido a nuevas exigencias, sin embargo, no son cuestionamientos sobre el destino de dichos recursos, afirmó el Gore.
“Sobre Fiscalía, el Gobierno Regional de Antofagasta ya ha enviado los antecedentes sobre la Fundación Procultura e interpuesto las acciones judiciales correspondientes para exigir la devolución de los montos no ejecutados, lo cual está en proceso y debe ser consultado directamente a este organismo sobre los plazos y acciones realizadas para concretar el reintegro de los montos cuestionados”, precisó el Gore.
Bien por la intervención de Contraloría, sin embargo esto demuestra que dicho organismo Controlador debe intervenir e involucrarse con mayor antelación a los hechos en los cuales participan organismos públicos y sus «colaboradores», en los cuales es publica y notoria el abandono de funciones de los órganos públicos en velar por el respeto y cumplimiento de acuerdos o contratos establecidos, de los cuale la comunidad se percata, ejemplo reiterado es el actuar de los organismos del MOP, MINVU, o SERVIU.