El Tribunal Electoral Regional de Antofagasta ha desestimado la reclamación de nulidad de las elecciones en la comuna de Sierra Gorda. La demanda, presentada por el Partido Socialista de Chile a través de su representante legal, el abogado Gabriel Osorio Vargas, alegaba manipulación de votantes y corrupción durante el proceso electoral, específicamente cohecho y soborno, en un intento por influir en los resultados de la elección de alcalde. Ante esto, se confirmó a Adriana Rivera como la nueva alcaldesa de la comuna de Sierra Gorda, quien asumirá el 6 de diciembre en reemplazo de Deborah Paredes (IND-PS).
La reclamación, fundamentada en varios artículos de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, incluyó testimonios y evidencia digital, como capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y múltiples declaraciones juradas. Sin embargo, el Tribunal encontró que las pruebas no eran lo suficientemente robustas o específicas para justificar una nulidad de la elección. Las declaraciones, aunque consistentes en señalar una aparente movilización y traslado de votantes, carecían de detalles cruciales que confirmaran las acusaciones de pago por voto o instrucciones directas de voto a cambio de dinero o alimentos.
Además, la defensa de Adriana Rivera Vega, candidata a alcaldesa por Sierra Gorda y señalada en las acusaciones, argumentó efectivamente la falta de legitimidad activa del reclamante, señalando que una entidad como el Partido Socialista no puede ser considerado «elector» bajo la ley vigente, aunque esta objeción fue finalmente rechazada por el Tribunal al confirmar que los partidos políticos pueden actuar a través de representantes legales.
El Tribunal también señaló la falta de cualquier registro formal o queja durante el proceso electoral que sustentara las afirmaciones de cohecho o manipulación de votantes, un factor crucial en su decisión de rechazar la reclamación.
Este fallo subraya la importancia de la evidencia concreta y detallada en las disputas electorales y reafirma los desafíos de abordar acusaciones de corrupción electoral dentro del marco legal chileno. Aunque la reclamación fue rechazada, el Tribunal no impuso costas al Partido Socialista, reconociendo que había razones plausibles para litigar.
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