Con prohibición para abandonar el país quedaron los cuatro imputados por el delito de fraude al fisco que vivieron hoy la jornada de formalización de cargos por parte del ministerio público. Medida que recayó sobre la alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, el socio de la consultora Main Comunicación Estratégica, José Miguel Izquierdo, el exsecretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), Edgardo Vergara Montt y el administrador municipal Héctor Gómez.
Para la fiscalía, todos ellos tuvieron grados de participación en la utilización de recursos públicos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) para financiar asesorías políticas a la alcaldesa por parte de Main Comunicaciones de cara a la elección municipal del 2016, y por la cual se habrían cancelado un valor total de 23 de millones de pesos.
La confesión
El momento clave de la formalización de cargos se vivió cuando el fiscal Cristian Aguilar indicó que José Miguel Izquierdo, socio de la consultora Main Comunicaciones, confesó su rol en esta trama y además agregó que otro imputado le pidió que mintiera ante la fiscalía.
El fiscal indicó en la audiencia que «uno de los co-imputados ha prestado declaración previamente informado de sus derechos y con la asistencia de su abogado defensor, ratifica que él trabajó como asesor político y comunicacional de la alcaldesa Karen Rojo y que también reconoce que fue contratado para esos fines por la señora alcaldesa. Luego, una vez en Antofagasta, en su primer viaje, se le indica que la forma en la cual efectuar esta asesoría política comunicacional era a través de la asesoría de la CMDS (…) y además introduce otros elementos que validan la versión de cargos en el sentido que lo prestado por el señor Izquierdo fue esta asesoría político comunicacional desde el momento que este co-imputado además indica expresamente que uno de los otros co-imputados (el administrador municipal Héctor Gómez) le pidió que mintiera a la fiscalía. O sea que dijera que nunca prestó una asesoría comunicacional a la alcaldesa porque eso beneficiaba a todos los otros involucrados» (Revisa el video al final de la nota)
Con esta declaración, el fiscal Aguilar indicó que se podrían configurar nuevos delitos como obstrucción a la justicia indicando que esto podría implicar a nuevos formalizados durante el plazo de 120 días que durará la investigación.
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