Para muchos Cristián Larroulet, principal asesor del Presidente Sebantián Piñera, es el ideólogo detrás de prohibir las marchas que no tengan permiso previo como una forma de enfrentar el estallido social que en Antofagasta ha vivido capítulos de violencia solo comparables con Santiago, Concepción y Valparaíso.
Al menos así se intenta explicar aquella decisión que a nivel regional ya fue informada por el Intendente Edgar Blanco luego que un vehículo de un Carabinero de civil -quien viajaba con su familia- fuera atacado por sujetos en un hecho que todavía tiene versiones contrapuestas.
Apuesta política que requerirá del apoyo del recién asumido Jefe de la II Zona de Carabineros de Antofagasta, General Rodrigo Medina. Y es ese el eje clave para determinar si la medida tendrá éxito o no.
Quienes conocen más de cerca la carrera del nuevo mandamás de la institución policial aseguran que pese a tener tres años como experiencia de mando en calidad de general, fue uno de los pocos que se salvó del descabezamiento realizado por el ex director general Hermes Soto, pasando a ser hoy uno de los generales con mayor experiencia que quedaron en Chile. Con un brazo mucho más operativo, ya se comenta que de mostrar buen desempeño podría ser la sombra de un cuestionado general Rozas.
De ahí que es mucho lo que está en juego tanto para el gobierno regional en este nuevo intento por controlar los hechos de violencia como también un desafío para el propio Medina. Dupla que enfrentará su esta apuesta con la primera marcha -sin previa autorización- que se convoque en Antofagasta este 2020 y que busque desafiar la medida.
¿Qué implica esta restricción?
En el gobierno regional aclaran una duda que ha rondado luego que se anunciara esta restricción. La primera es que esta no aplica para la reunión de dos o más personas en un sector para manifestarse respecto a cualquier tema, como por ejemplo las convocatorias que se centran en la Plaza Sotomayor (de la Revolución) en Antofagasta.
La disuasión sería solo si esta manifestación comienza a marchar obstaculizando el libre tránsito de vehículos. Es ahí, en caso que no se contara con autorización previa, donde intervendría la fuerza policial para dispersar la marcha.
El Intendente aclaró que pueden existir marchas que cuenten con autorización, pero esta deberá solicitarla una persona que se identifique como responsable de la convocatoria.
Reacciones
Timeline.cl conversó con diversos actores sociales para saber sus impresiones respecto a esta medida. En general, la mayoría duda de la efectividad de esta medida y piensan que podría terminar aumentando el grado de enfrentamiento entre los manifestantes y la fuerza policial.
Jaime Araya, abogado. El Intendente tiene que ponerse en el lugar de las personas que protestan, y preguntarse como se solucionan ahora, las angustias que mantienen a la gente marchando, ya van más de 70 días de movilización social, y esa energía las autoridades tienen que canalizarlas, tienen una responsabilidad que deben asumir. Es urgente que el gobierno entienda que las demandas sociales no se resuelven con estrategias de represión policial, no es razonable que sigan con el análisis simplista de uniformar bajo el rotulo de violentistas a quienes luchan por remecer un modelo en crisis.
Hay actos de vandalismo y destrucción que deben ser castigados, pero pretender una protesta social que no genere problemas o afectación del orden público, es proponer un camino a ninguna parte. Me parece evidente que la crisis social, política y ambiental que vivimos, requiere que se altere la normalidad y tranquilidad, para que puedan abrirse caminos de dialogo y solución, y las autoridades trabajen con sentido de urgencia, si la respuesta del gobierno son amenazas, claramente no aprendieron nada del 2019.
Marcela Mercado, Presidenta Corporación Cultural La Toma.La medida anunciada por el Intendente Edgar Blanco viola una de las garantías fundamentales consagradas por la constitución del ´80, cual es “El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas” Así lo declaró ayer el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en audiencia de cautela de garantías convocada por el juez Daniel Urrutia, en relación a la Intendencia de la Región Metropolitana, que había señalado que las marchas no estaban autorizadas. Podemos pensar, entonces, que esto no es un tema particular de este Intendente, sino que se trata de una política del Gobierno.
Mientras el Presidente se muestra en su campaña comunicacional como alguien cercano, que dialoga, con un discurso desproblematizador, la violencia se ha instalado en el discurso de las autoridades a través de la violencia discursiva, con los Intendentes señalando que no van permitir marchas sin previa autorización en calle, sabiendo que es falso, que carecen de esa facultad y con un Presidente que no sabemos con quién dialoga ni a quién escucha.
Pareciera que la estrategia que tiene el Gobierno de recuperar el control de la calle es únicamente en base al disciplinamiento y el castigo contra la protesta social, alejándose cada vez más de otorgar las soluciones que las personas demandan.
Pablo Rojas, presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de Antofagasta. Esta medida es alejada de la realidad porque insiste en resistirse a comprender que estamos en una situación de revuelta social y actos de legítima desobediencia civil ante el explícito quiebre entre la mayor parte de la sociedad y las instituciones del Estado, especialmente el gobierno.
Es ineficaz, porque no va a impedir que las personas se convoquen, pudiendo tener precisamente el efecto contrario, además de dejar de manifiesto la incapacidad de las policías y autoridades de resguardar el orden público sin lesionar derechos fundamentales. Es una provocación, porque medidas como estas generan mayor rechazo y potencialmente pueden producir más violencia. Es apagar el fuego con fuego. O el intendente ignora esta cuestión, lo que habla pésimo de sus capacidades políticas o lo hace deliberadamente, lo que habla pésimo de su ética y lo puede someter a sanciones judiciales si esta medida tiene consecuencias fatales. Finalmente hago un llamado al Consejo Regional a rechazar enfáticamente estas medidas, evitando hacerse cómplices de ellas, y a las organizaciones a tomar todas las medidas administrativas y judiciales para dejarlas sin efecto.
Pablo Toloza, ex Intendente de Antofagasta. La decisión del Gobierno Regional de no permitir marchas sin que previamente se encuentren autorizadas, va en la vía correcta y no es más que cumplimiento de la ley. La Constitución asegura todos el derecho a manifestarse pero también señala que debe necesariamente solicitarse autorización si pretende marchar por la ciudad o ocupar espacios públicos, y el objetivo no es otro que asegurar y resguardar el derecho tanto de los que quieren manifestarse como del resto de las personas, el Estado de Derecho debe recuperarse y el Gobierno Regional es el llamado a hacerlo.
Llevamos cerca de 70 días de manifestaciones, lamentablemente la mayoría de ellas han terminado con destrucción de espacios públicos y privados, no podemos como país seguir en esta línea. El que se solicite autorización no es para restringir el derecho sino que alguien se haga responsable de estas convocatorias. Jamás debemos olvidar que mi derecho termina cuando comienza el del otro. Sino se restablecer el Estado de Derecho, esta situación se puede tornar más grave aún, poniendo en peligro la realización del plebiscito de abril.
